Los tres directores de Maó expedientados por la Conselleria de Educación acusan al secretario autonómico Guillem Estarellas de dirigir el proceso sancionador en el que están inmersos. Y lo han puesto en negro sobre blanco, de hecho la acusación se desprende de las alegaciones presentadas el lunes al instructor después de que este recalificara tanto los hechos imputados a estos tres profesionales como la magnitud de sus presuntas faltas.
Además, este diario ha podido saber que los directores expedientados se guardan en la recámara el relato de distintas fuentes que explican que el instructor tenía ya una propuesta de resolución que no fue del agrado de Estarellas, por demasiado suave, por lo que este ordenó que los servicios jurídicos dieran con algún precepto más a lo que acogerse. Por ello, el instructor notificó el cambio de rumbo en los expedientes.
En el texto de las alegaciones (las tres son muy similares) los directores exponen que tienen la certeza de que en ellos subyace «la voluntad del titular de la secretaría autonómica de imputarme unos hechos que no tienen carácter ilícito administrativo y de sancionarme pasando por encima de la legalidad vigente».
En cuanto a la redefinición y recalificación de los hechos, firmada el 23 de octubre, los directores alegan que «es un trámite no previsto». Entienden que, toda vez que ya se les había tomado declaración, el instructor debía haber formalizado la propuesta de resolución de los tres casos, «cualquier otra actuación, como la del escrito de 23 de octubre, no está prevista en el procedimiento y es ilegal y nula de pleno derecho».
Explican en las alegaciones que la secretaria de la instrucción les convocó para el 7 de octubre en la Delegación Territorial, pero que tres días antes la misma secretaria la anuló porque había «recibido indicaciones desde Palma», lo que ahora relacionan con esta propuesta de resolución frenada por Estarellas.
Todo ello hace que en las mismas alegaciones se apunte que estas circunstancias «darían pie a interponer demandas legales contra todas las personas que han intervenido en la incoación e instrucción de este proceso».
Los directores alegan además indefensión y vulneración de sus derechos más fundamentales, y atribuyen al instructor desconocimiento sobre el funcionamiento de los consejos escolares. Por otro lado, también se defienden de la acusación de desobediencia al indicar que su voto en estos órganos no está supeditado a la voluntad de quien esté al frente de la Conselleria.