PSOEy PSMven con preocupación el anuncio del equipo de gobierno del Consell sobre la posible desaparición del consorcio de disciplina urbanística en suelo rústico. Los dos partidos defienden el papel que juega este organismo, y atribuyen su posible eliminación a la política territorial que quiere aplicar el PPy el obstáculo que podría suponer un ente de control.
El portavoz del PSOE, Joan Marquès, asegura que «el consorcio incomoda al PPporque ha demostrado independencia de criterio y coherencia en sus actuaciones». El socialista recuerda que en la polémica por el hotel rural de Torralbenc, «ya se intentó apartar al consorcio para que no interviniera».
El mismo ejemplo expone la portavoz del PSM, Maite Salord, recordando que «los inspectores expresaron su malestar porque el conseller responsable no les facilitaba su trabajo, sino lo contrario». La menorquinista añade que «para el PP, el consorcio es un estorbo antes que una herramienta útil que aporta coherencia y funcionalidad para preservar la disciplina urbanística en suelo rústico».
Salord enlaza este supuesto desinterés del PPcon los obstáculos que se ponen a la oposición para consultar los expedientes tramitados por el organismo. «¿Se nos impide el acceso a la información para que no podamos detectar la voluntad del equipo de gobierno del Consell de paralizar al máximo el consorcio para que después pueda ser cuestionado?», pregunta la menorquinista.
Joan Marquès critica que el Consell utilice el criterio económico para plantear la posible desaparición del consorcio. Según el portavoz socialista, «este organismo no tiene como objetivo generar superávit, sino aplicar un determinado marco normativo asegurando unidad de criterio. No hay que evaluar su rendimiento en base a criterios económicos». Cabe recordar que el conseller de Cooperación Local lamentó el coste anual del ente, de 200.000 euros.
Recursos externos
La posible supresión del consorcio es una de las consecuencias del pago de la sentencia de Cesgarden. El Consell ha reducido sus recursos propios para afrontar el coste de esta decisión judicial. En este sentido, Joan Marquès duda sobre «si el presidente del Consell ha hecho suficientes gestiones para conseguir recursos de otras administraciones para afrontar este pago. No sabemos si se limita a cargar contra una política territorial que ellos quieren vender como equivocada».
En este sentido, el portavoz socialista sentencia que «el equipo de gobierno tiene suficiente información para saber que no ha habido ninguna negligencia política en este caso, y que la indemnización a pagar no es fruto de la gestión política». En la misma línea, Maite Salord pregunta al presidente del Consell «si utilizará las vías jurídicas que tiene a su alcance, confirmadas por juristas de su confianza, para conseguir que la sentencia de Cesgarden no la paguemos todos los menorquines».