Una quincena de abogados de Menorca se han concentrado el mediodía de este miércoles en el hall de los nuevos juzgados de Fort de l'Eau de Maó para exigir la supresión de las tasas judiciales.
Los letrados menorquines se han sumado así al llamamiento del Consejo General de la Abogacía Española para expresar el rechazo a la medida impulsada por el Ministerio de Justicia, un año después de su entrada en vigor. En Balears, ha habido también protestas en el resto de partidos judiciales de las islas.
El delegado en Menorca del Colegio de Abogados de Balears, Pedro Monjo recalcó que las tasas (que afectan a los casos civiles, no a los penales ni laborales) no ha ayudado a descongestionar los juzgados, y que en todo caso lo único que está provocando es dificultar el acceso a la justicia a las personas con menos recursos.
Monjo pidió al ministro que apueste por el modelo del Gobierno francés, que ha anunciado que el 1 de enero eliminará su tasa judicial de 35 euros por considerarla injusta y restrictiva del acceso a la Justicia.
El Colegio de Abogados destaca que la Ley de tasas acumula cinco recursos de inconstitucionalidad, que ya han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) y que fueron presentados por el grupo parlamentario socialista y por los gobiernos de Andalucía, Aragón, Canarias y Cataluña.
Asimismo, los Juzgados de lo Social y de Primera Instancia, y la misma Audiencia Nacional, concretamente la Sala de lo Contencioso Administrativo, han planteado también ante el TC diferentes cuestiones de inconstitucionalidad.
En este sentido, el máximo responsable del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha solicitado al presidente del TC que agilice en lo posible la revisión de dichos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad para, de este modo, paliar «los efectos muy graves» que las tasas están teniendo entre los ciudadanos.
La abogacía balear ha criticado estas tasas «excluyentes e inmorales» y ha indicado que éstas, tal y como se advirtió en su día, han limitado de forma grave el acceso a la tutela judicial efectiva de centenares de personas.