La Fiscalía mantuvo ayer su petición de cuatro años de prisión, así como multas de 21.542 euros, para cada uno de los tres acusados de un delito contra la salud pública, E.P.S.M., M.F.H. y M.S.P., a quienes se les intervino en el momento de su detención por la Policía Nacional, en febrero de 2009, sustancias (cocaína y éxtasis) que hubieran alcanzado con su venta en el mercado ilícito un valor total de 7.180 euros.
Los abogados defensores, por su parte, reclamaron la libre absolución o, como alternativa, la rebaja de las penas -a dos años en el caso de E.P.S.M. y a nueve meses en el de M.F.H.-, por considerar como atenuante la drogadicción de los acusados y rechazar que fuera suficientemente acreditado el delito de tráfico de estupefacientes.
El juicio, celebrado ayer en los juzgados de Maó por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, quedó visto para sentencia después de que Fiscalía y la defensa elevaran su escrito de conclusiones a definitivo y comparecieran ante la Sala, como testigos, los agentes de la Policía.
Los hechos sucedieron en Ciutadella en diciembre de 2008, cuando los tres acusados fueron sometidos a vigilancia policial ante la sospecha de que traficaban con drogas y después de interceptar a personas con las que mantenían contactos y que portaban papelinas.
Durante el registro efectuado en los domicilios de dos de los acusados, una mujer de 25 años y un hombre de 48 que residían ambos en Cala en Blanes, se hallaron en diferentes envoltorios 46 gramos de cocaína de pureza del 30 por ciento, 60 gramos de riqueza del 11 por ciento y 9,854 gramos del 7 por ciento, además de 19 pastillas de MDMA. El tercer acusado, según las pesquisas policiales y la acusación de la Fiscalía, ayudaba en las tareas de venta de la droga.
Segundo aplazamiento
El juicio por estafa relacionado con la explotación del local El Caballo Blanco de Es Migjorn Gran tuvo que suspenderse de nuevo -en septiembre ya se aplazó por la no comparecencia de uno de los acusados-, al no presentarse ante la Sala uno de los querellantes, J.R.G., quien tampoco ha declarado durante la instrucción del caso.
La jueza le impuso una multa de mil euros y advirtió a su abogado para que le informe de que, si no acude a una próxima citación, podrá ser acusado de obstrucción a la justicia.