Protestar puede salir muy caro con la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Tan cara que el precio se traduce en una pérdida de los derechos fundamentales, tales como el de reunión, manifestación o libertad de expresión. Así lo difundieron ayer las más de 400 personas que se concentraron en la Plaça Constitució de Maó con el firme propósito de rechazar «una ley hecha para acabar con todas las formas de protesta con las que se ha encontrado el Gobierno desde que se encuentra en el poder», tal como señalaba Arnau Bofill, miembro de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Menorca en su parlamento. Y es que consideró que «la organización colectiva y la movilización son la única vía eficaz para defender y conseguir nuestros derechos».
La concentración contó con el apoyo de 27 entidades entre movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos.
El anteproyecto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana recoge, según señalaron los convocantes, 58 tipos de infracciones legales. Algunas de ellas eran anteriormente faltas penales que han pasado a ser infracciones administrativas. Según denuncian, para imponer una sanción basta con aplicar el principio de veracidad de los cuerpos de seguridad del Estado que la denuncian, sin que intervenga un juez.
Arnau Bofill, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, tachó de «paupérrima» la democracia, con un «gobierno que muestra claramente de qué bando está y decide acabar con los síntomas y no con el problema». Cuando «el gobierno se ha dado cuenta de que las acciones policiales no contaban con la aceptación generalizada de las sentencias judiciales ha decidido saltarse a los jueces y ser él mismo, a través de la policía, el que imponga las penas», resaltaba Bofill, quien añadió que «si quieres recorrer deberás pagar las tasas».
Con esta ley, la plataforma dicta que el Gobierno no considera ciudadanos a todos los que ante la crisis del sistema no agachan la cabeza, se organizan, luchan y se movilizan». Por ello, «combatiremos la ley y a todos los que la apliquen o no la deroguen completamente».
Por su parte, la portavoz de la Plataforma en Defensa de l'Escola Pública, Mar Lluch, aseveró en su parlamento que «debemos levantarnos cuando es evidente que intentan callar las críticas, dificultar las protestas y amenazar a la libertad de expresión». Habló del proyecto del Tratamiento Integral de Lenguas (TIL), de los expedientes a los tres directores de instituto de Maó y del borrador que modifica la composición de los Consells Escolars. «No podemos permitir que el miedo y la sospecha se instalen en nuestro día a día».
La concentración contó con el profesor y escritor Joan Francesc López Casasnovas quien deleitó al público con un poema que hablaba de una realidad actual represiva. A su vez, el cantante Miquel Mariano entonó «Jo vénc d'un silenci» del cantautor Raimon.