El pleno del Senado dará hoy luz verde a la ley de reforma de la administración local con un cambio que la deja prácticamente sin efecto para los consells. Los senadores Francesc Antich (PSOE) y Josep Sala (PP) acordaron in extremis una enmienda transaccional que garantiza, en el caso de los gobiernos insulares, que a estas adminstraciones se les aplicarán los términos previstos en su legislación específica, es decir, el Estatut y la Ley de Consells.
Esto supone, por ejemplo, que los consells ya no se verán obligados a devolver al Govern parte de sus competencias en materia de bienestar social. La enmienda salvaguarda la singularidad de las instituciones insulares, que no serán tratadas como administración de régimen local, sino que tendrán las características de una administración autonómica.
La tramitación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ya había flexibilizado en los últimos meses las restricciones que afectaban tanto al número de cargos políticos con dedicación exclusiva como la exigencia de que los directores insulares tuvieran que ser funcionarios de carrera.
Con el nuevo redactado se abría la puerta a que el Consell de Menorca pudiera crear hasta 29 cargos de confianza, los mismos que la capital de la provincia, en este caso Palma, en vez de equipararlos al municipio más poblado de su área de influencia, en este caso Maó o Ciutadella.
Una vez aprobada en el Senado, la ley deberá volver a pasar por el Congreso, aunque todo indica que entrará en vigor, con su publicación en el BOE, antes de final de año.
Impacto laboral
Por su parte, el sindicato UGT calculó ayer que 1.500 empleados públicos de las Islas, además de otros 500 puestos indirectos, pueden verse afectados por la aprobación de la reforma local. Representantes de UGT y CCOO se reunieron con el presidente de la federación de municipios, Joan Albertí, a quien expresaron su preocupación por las consecuencias del documento que hoy está previsto que reciba el visto bueno del Senado. En los distintos organismos de Balears trabajan en estos momentos unos 14.000 empleados públicos.