El Consell ha vuelto a retrasar la aprobación de la Norma Transitoria previa al nuevo Plan Territorial Insular (PTI) para hallar un encaje a los proyectos hoteleros de Cesgarden y Princesa de Son Bou y evitar con esta «solución urbanística» responder a nuevas indemnizaciones, que el presidente Santiago Tadeo estima superiores a los 15 millones de euros.
Un «trastorno» demasiado grave para las arcas de la institución, que acaba de pactar el pago aplazado, a diez años vista, de los 28,8 millones ya reconocidos a la cadena mallorquina Cesgarden por haber visto recortadas sus expectativas desde las 728 plazas hoteleras a las 600 contempladas en el PTI.
«Sé que hay colectivos que llevan tiempo esperando la Norma, pero no podemos aprobarla sin concretar antes la propuesta con la que minimizar el coste de las sentencias del PTI en Son Bou sobre todos los menorquines», dijo ayer Tadeo.
«Nuestro propósito, tal como nos comprometimos por unanimidad en mayo de 2012 ante el pleno, pasa por evitar el pago en metálico de la segunda parte de la sentencia sobre Cesgarden, y también de los cinco millones a los que tendría derecho Princesa de Son Bou, cuya resolución a su favor está igualmente pendiente de ejecución». Pero la propuesta aún no ha cristalizado.
Eso sí, Tadeo remarcó que «el gobierno del Consell es el primer interesado en cerrarla con rapidez para evitar que las promotoras acudan al juez en demanda de un nuevo pago en metálico, porque la postura de fuerza está de su lado, pero no podemos cometer disparates y queremos meditar oportunamente la solución definitiva antes de darla a conocer».
Tal como adelantó en octubre el MENORCA, Cesgarden ha accedido a negociar una compensación no económica por la compra de los terrenos rústicos, el valor del 10 por ciento de aprovechamiento que debe ceder al Ayuntamiento de Alaior y los honorarios de arquitectos y abogados. Y esto pasa por 'rescatar' su proyecto de hotel de cinco estrellas, para el que dispone de una superficie de 135.000 metros cuadrados.
El problema es que la solución sigue sin concretarse y la Norma sin ver la luz. Claro que el Consell negocia a dos bandas y tantea también al administrador de Princesa de Son Bou, Agustín Seguí, para compensarle, sin desembolso alguno, por haber trasladado sus derechos edificatorios desde la parcela junto al mar que había adquirido para erigir su complejo hotelero hasta otro solar rústico próximo a la depuradora.
Una sentencia reconoce a la mercantil el derecho a ser indemnizada con 3,3 millones de euros, un cálculo que se ha elevado hasta los cinco millones al computar también los intereses resultantes.
Tadeo explicó que la Norma intentará dar respuesta también a otros contenciosos pendientes de ejecución y con indemnizaciones millonarias reconocidas por los tribunales de justicia.
El caso más llamativo es el de la promotora catalana Son Orfila SL, a quien el Ayuntamiento de Sant Lluís debe indemnizar con 9,5 millones por haber frustrado su complejo de 118 apartamentos en Son Ganxo.
El promotor ha pedido ahora la recalificación de la parcela para permitir 30 chalés, pero el Consell aún no ha incluido en la Norma la propuesta municipal.