El de los hortals es un tema que se puede ver desde muchos puntos de vista. Una vez la Norma Territorial Transitoria abre la puerta a la legalización de viviendas de más de 90 metros cuadrados, la polémica está servida. ¿Por qué debe la administración ahora amnistiar a quien en su día no pidió los permisos necesarios?, se pregunta un sector de la sociedad. Sin embargo, algunos de los propietarios que en su día levantaron construcciones irregulares en los hortals se defienden. Aseguran que, a pesar de su situación, la administración les cobra cada año el IBI, aunque en algunos casos los metros cuadrados por los que pagan exceden lo permitido por el propio PTI.
Es el caso de la propietaria de un hortal en Binissaida, Es Castell. En 1998 compró una casa inacabada de 128 metros con una piscina ubicada en un terreno supuestamente rústico de 4.000 metros cuadrados. Escrituró su vivienda en el año 2004, tras comprobar que la infracción urbanística había prescrito y que nunca se le había abierto ningún expediente sancionador desde el Ayuntamiento. Pero, desde el año siguiente, el Consistorio le comenzó a cobrar el IBI por la casa y la piscina. Ese año pagó 330 euros. El último recibo, el del año pasado, asciende a 890 euros.
«Me siento estafada»
«Me siento estafada», critica esta propietaria. «No recibo ningún servicio del Ayuntamiento, pero en cambio tengo que pagar», apunta. De todos modos, admite que en su día no pidió la licencia de obras al Consistorio. «Si hubiera pedido permiso, no me lo habrían dado, cuando al lado de mis terrenos se estaban haciendo construcciones y nadie les paraba los pies. No tengo ningún remordimiento. Sabía que me arriesgaba a que me parasen las obras, pero nadie lo hizo», explica.
A día de hoy, estaría dispuesta a pagar la licencia de obras, pero nada más. Ni hablar de una sanción. «Durante nueve años he estado pagando un IBI que no me tocaba, se lo he regalado. ¿Ahora ellos tienen derecho a sancionarme cuando hasta ahora han cobrado sin tener derecho a ello?», pregunta.
La respuesta es contundente por parte del teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella. «Todas las viviendas pagan impuesto porque así lo dicta el Ministerio de Hacienda y la Gerencia del Catastro. No hacen distinciones entre lo legal y lo ilegal. Pagas sobre la realidad que se ve desde el aire, y punto», explica Ramon Sampol. Y sobre el sentimiento de estafa, todo lo contrario. «¿Qué derecho reclama quien ha ejecutado unas obras sin permiso, a las bravas, saltándose las normas?», interpela.
La pregunta, sin embargo, es evidente. ¿Si la administración cobra un IBI a alguien, de algún modo está reconociendo la edificación ilegal?. «No», sentencia Sampol. «Se paga un impuesto por el simple hecho de tener una posesión, así lo dice la Ley. Si se ha construido ese inmueble obedeciendo los trámites legales, generan derechos al propietario. Si no se ha hecho así, no hay derechos», explica.
Exigencias del Catastro
A partir de aquí, la siguiente pregunta que viene a la mente es y entonces, ¿por qué se envían los recibos?. «El Catastro tiene sus métodos para controlar las viviendas que se van construyendo. El Ayuntamiento solamente le comunica aquellas nuevas edificaciones para las que se solicitan vivienda de obra nueva. Las que no han solicitado permiso, como el Consistorio no lo sabe, no se lo comunica al Catastro, pero insisto, esta institución tiene sus propios métodos para controlar todos los inmuebles», relata el teniente de alcalde de Urbanismo.
Siempre he creído que el que hace trampas sale ganando, si es listo y sabe escabullirse. Pero a muchos los pescan y les meten un buen palo. Es mas cómodo ir sobre la legalidad, ahora esta legalidad de no dejar edificar en rústico es una estupidez, la gente quiere vivir en el campo y en lugar de regularlo lo prohíben y la gente se salta la prohibición, así estamos.