Más poder de decisión para las regiones afectadas. El pleno del Consell aprobó ayer con el voto unánime de todos los grupos políticos reclamar al Gobierno que modifique la ley de hidrocarburos para que tanto el Govern como propio Consell puedan emitir informes vinculantes sobre la autorización de prospecciones en las Balears. La propuesta presentada por el PSM busca que, al margen del informe ambiental positivo, sea necesaria la aprobación de las comunidades afectadas.
La instancia al Gobierno recibió el voto favorable del PP. El conseller de Economía y Medio Ambiente, Fernando Villalonga, fundamentó el sentido positivo del voto del equipo de gobierno en que «no hay que perder ninguna oportunidad de mostrar la oposición frontal a las prospecciones». No obstante, lamentó que esta modificación «no se haya solicitado antes, por lo que ya no frenará los actuales proyectos».
La portavoz del PSM, Maite Salord, admitió que «no tuvimos capacidad de reacción», explicó las dificultades de ver venir y de ahondar en cuestiones «de un hermetismo total» y defendió el sentido de una propuesta que busca evitar que «decisiones tan importantes queden en manos de Madrid: esperemos que ahora nos escuchen, aunque no parece fácil».
También el portavoz del PSOE, Joan Marqués, mostró su apoyo a la iniciativa, aunque inicialmente entendía que la modificación debía referirse únicamente a a la Comisión balear de Medio Ambiente, para dotarla de la capacidad de emitir informes vinculantes respecto a la búsqueda de petróleo y gas en aguas cercanas al archipiélago balear. Finalmente la propuesta se aprobó tal cual la había presentado el PSM y fue una nueva muestra del posicionamiento contrario a las prospecciones del Grupo Popular en el Consell.
Menorca autosuficiente
También recibió el apoyo unánime del pleno insular la propuesta presentada por el PSOE, muy relacionada con la anterior, con la que el Consell «adquiere el compromiso de apostar, ejerciendo una política decidida y valiente, por un modelo de autosuficiencia energética en Menorca buscando el máximo consenso social». El objetivo del acuerdo alcanzado, como aseguró la propia socialista encargada de defenderlo, Gari Petrus, es «utópico», pero marca una declaración de intenciones para dar coherencia al posicionamiento de la institución contra la búsqueda de hidrocarburos.