La consellera d'Educació, Joana Maria Camps, advirtió ayer que la medida de dar un aprobado general a los alumnos de Primaria y Secundaria ?sobre la que deben decidir los docentes antes de acabar el mes de abril?, sería «sancionable» por suponer «una dejación de las funciones de los maestros y profesores».
«Es claramente una dejación de las funciones de los docentes, que deben dar las clases y evaluar, y dar un aprobado general implica una falta de evaluación», declaró Camps. En su opinión «es una responsabilidad personal de cada docente, es una medida que va en contra de los escolares de estas Islas y el Govern no puede permitir que se vaya en contra de ellos». Aunque no quiso adelantar consecuencias, sí advirtió que «es evidente» que se trataría de una acción «sancionable» y concretó que «al menos sería una causa que debería ser estudiada por la Inspección Educativa».
No obstante, reconoció que «en Balears tenemos muy buenos docentes y muy responsables, que velan por los escolares y esta actuación les perjudicaría». Camps insistió que el TIL no está provocando más suspensos.
El aprobado general es una propuesta remitida por la Assemblea de Docents a los centros para su debate y posterior votación en una asamblea general, como parte de las medidas de presión contra el TIL. El documento ya contempla la posibilidad de que la medida se considere un «acto ilegal» y, al respecto, indica que «mientras se disponga de una prueba escrita que acredite que el alumno ha superado los mínimos de las asignaturas no se puede acusar de ninguna ilealida».
Precedentes
El documento recuerda también que en Balears existe un precente en este sentido: las pruebas de enero de 2004, cuando los filólogos de la Junta Avaluadora de Català otorgaron un aprobado general en protesta por la política lingüística del Govern de Jaume Matas, con Francesc Fiol como conseller d'Educació.
Hay también diversos precedentes a nivel nacional o internacional: como el de abril de 2004, cuando ocho universidades francesas concedieron un aprobado general en protesta por la política educativa de la ministra Valérie Pécresse; o el de diciembre 2012, cuando los profesores que tenían que ser despedidos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid por los recortes dieron un aprobado general alegando que no tendrían tiempo de corregir trabajos y exámenes.
El IPFB consideró que esta medida sería «una burla y una injusticia a las familias» y el Círculo Balear recordó a los padres que «tienen derecho a presentar quejas ante los centros que lleven a cabo esta medida».