Los registros civiles ubicados en los juzgados de Maó y Ciutadella tramitaron el año pasado 657 expedientes de residencia y nacionalidad (544 y 113, respectivamente), el triple que hace una década, cuando empezaba a evidenciarse la avalancha inmigratoria, ahora frenada por la crisis económica.
En 2003, hace diez años, tan solo 219 personas solicitaron conseguir un permiso de residencia o intentaron recabar la nacionalidad española. No obstante, el número de expedientes ha ido bajando con la crisis y es bastante inferior al de 2008, cuando se registraron 798 peticiones.
Pese a ello, la acumulación de solicitudes pendientes de resolver ha llegado a ser tan acuciante en el conjunto del Estado que el Ministerio de Justicia ha tenido que habilitar desde hace más de un año a notarías y registros de la propiedad para que se encargaran también de tramitar algunos casos.