Populares y socialistas llevan más de dos horas y media negociando en el Senado para tratar de llegar a un consenso sobre las prospecciones petrolíferas, que podría suponer su paralización temporal hasta que haya un entendimiento con Baleares y Canarias.
La negociación ha comenzado alrededor de las diez menos cuarto de la mañana, tras proponer el senador del PP José Ignacio Palacios al del PSOE Francesc Antich retrasar la votación de una moción en la que el socialista solicitaba la suspensión de las prospecciones en el mar Mediterráneo y la modificación de la actual ley de hidrocarburos.
Previamente, Antich ha rechazado una enmienda de sustitución del PP en la que se instaba al Gobierno a emitir una resolución sobre la evaluación de impacto ambiental, porque «no hay razones para paralizar y rechazar a priori las prospecciones», según Palacios.
El senador socialista no ha aceptado esta enmienda por limitada e innecesaria, ya que, según ha recalcado, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente está obligado por ley a estudiar el impacto ambiental de estos proyectos.
Según ha explicado, su moción va más allá, porque además de pedir la paralización de las prospecciones ya en marcha pide modificar la actual ley de hidrocarburos, de 1998, porque liberaliza sin límites este tipo de actividades y porque, de lo contrario, los gobiernos estarán obligados a seguir dando autorizaciones.
Modificar la legislación
El senador canario Narvay Quintero, del grupo Mixto, también ha abogado en el debate por paralizar los sondeos tanto en Baleares como en Canarias, así como por modificar la legislación vigente por ser «muy antigua» y carecer de protección ambiental y ha instado al Gobierno a trasponer ya la directiva comunitaria en la materia, que es «más garantista» con el medio ambiente.
«Europa ¿sí o no?», ha preguntado el parlamentario de Coalición Canaria, quien ha recalcado que las prospecciones inciden negativamente sobre el turismo, la principal fuente de ingresos en ambas comunidades autónomas.
Tras criticar la falta de política ambiental del Gobierno de Mariano Rajoy, el único de la UE que carece de un ministerio exclusivo de medio ambiente, Joan Saura, de la Entesa, ha pedido asimismo la paralización de los sondeos por considerar que suponen una amenaza «importantísima» para el ecosistema y un ataque a la economía vinculada al turismo y la pesca.
Además, ha argumentado que van contra las directivas europeas y que aumentan la dependencia del petróleo y ha subrayado que los informes científicos avalan la supresión de estas prácticas y que las organizaciones ciudadanas, los parlamentos y los gobiernos de las regiones afectadas las han rechazado.
Ramón Alturo, de CiU, ha abogado, por su parte, por el traspaso de las competencias a las comunidades autónomas, al tiempo que ha insistido en la necesidad de suspender las prospecciones en el mar Mediterráneo y convertirlo en «zona de protección sostenible».