El Consell insular interpondrá el martes recurso de apelación ante la Audiencia Provincial para convencerla de que existen «indicios probatorios suficientes» para sostener la querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción contra Cesgarden y Siteme Menorca por presunta estafa y permitir que ésta se instruya.
El penalista Fernando Mateas, quien ayer tarde puso al corriente del caso a los consellers del gobierno y la oposición, adelantó que el recurso se sustentará en el propio contenido del auto de archivo decretado por la titular del Juzgado número 4 de Palma, Piedad Marín, que «se ha extralimitado en sus funciones. En lugar de dedicarse a analizar el relato de los hechos del fiscal, que es constitutivo de delito, cuestiona la consistencia de las pruebas que se le aportan». La juez -remarca- asume un papel «inusual, cuando la admisión del caso es clara».
Piedad Marín se ampara en la literalidad de las declaraciones efectuadas ante el fiscal por los antiguos titulares de las parcelas de Son Bou, que dijeron recordar que no se había prorrogado la opción de compra cuando Siteme pleiteó contra el Plan Territorial (PTI), para colegir que «de un creo o un supongo no cabe sacar ninguna conclusión».
Pero el abogado contratado por el Consell en la causa, Fernando Mateas, discrepa. «¿Cómo no puede admitir a trámite un caso basándose en declaraciones policiales en las que ni siquiera ha estado presente? Es un contrasentido», apunta el penalista. Y critica a la juez por afirmar también en su auto «que el Tribunal Superior no fue engañado. ¿Pero ella qué sabrá? No es la encargada de dirimirlo».
De todas formas y para mayor garantía, el Consell insular eludirá el recurso de reforma ante la propia juez y optará por presentar apelación a la Audiencia Provincial.