El Consell reunió ayer a juristas y técnicos de todos los ayuntamientos de Menorca con el objeto de avanzar en la reunión celebrada la semana pasada con los alcaldes y fijar las condiciones para «incorporar a la legalidad» todas aquellas construcciones erigidas sin permiso en suelo rústico y cuya infracción urbanística, al remontarse más de ocho años atrás, ya haya prescrito. Para ello deberán reunir todos los parámetros técnicos de habitabilidad, cumplir el código de seguridad de las edificaciones y ajustarse a los trámites ambientales y paisajísticos.
La solución, que sirve tanto para edificaciones emplazadas en núcleos de hortals como otras en zonas diseminadas, pretende «unificar criterios» para dar respuesta «a esta realidad, fruto de la inactividad seguida durante tantos años por la administración».
La consellera de Ordenación del Territorio, Marta Vidal, considera «escandaloso» que los municipios acumulen cientos de órdenes de derribo de construcciones de este tipo sin ejecutar y apela a amparar estos inmuebles, «porque ya forman parte de una realidad que no podemos obviar». Las conclusiones de la reunión de ayer serán ahora puestas en común con la comisión técnica asesora de urbanismo.
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