La colocación de cámaras, del tipo que sea, en la vía pública siempre genera la reacción adversa, o al menos las reticencias, de aquellos más celosos de su intimidad.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó es consciente de ello, y lo asume al anunciar el proyecto de colocación de dispositivos que captarán las matrículas de aquellos vehículos que cometan determinadas infracciones de tráfico o depositen residuos de forma inadecuada.
Salvador Botella, teniente de Alcaldía de Servicios Generales, aseguraba ayer que el Consistorio tiene las espaldas bien cubiertas ya que la iniciativa cuenta con todos los informes favorables y creará un registro de imágenes de acuerdo con la Ley de Protección de Datos. Explica que no es preceptiva la autorización de Delegación del Gobierno, como sí ocurre cuando se trata de la instalación de cámaras de videovigilancia.
Botella remarca que solo se fotografiarán y tramitarán las imágenes de las matrículas de los vehículos (nunca de personas, ni en las inmediaciones de los contenedores de basuras) que comentan una infracción.
Desde el Ayuntamiento de Maó exponen como garantía el hecho de que se esta misma empresa ha aplicado sistemas similares en una larga lista de importantes ciudades de España, sin ningún tipo de problema de carácter legal.
Tur: "Reducen policías y optan por seguridad privada"
El concejal del PSOE, Vicenç Tur, aseguró ayer que el sistema de cámaras le transmite «la sensación de un paso más para privatizar la seguridad pública».
De hecho, cree que el equipo de gobierno opta por la seguridad privada mientras «reduce policías» (trece agentes a pie de calle menos en los tres años de mandato popular, según los socialistas), «además de la desaparición de la unidad nocturna y la policía de barrio».
También podríamos los ciudadanos de a pie hacer fotos con el móvil a los políticos que cometan infracciones y publicarlas.