Un grupo de activistas de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Menorca ocupó este lunes por la mañana la sucursal del Banco de Crédito Balear, del Grupo Banco Popular, en la Plaza Explanada de Maó, como medida de presión para paralizar los procesos de la entidad contra diez familias que no pueden pagar sus créditos hipotecarios. Además, el colectivo pide un nuevo interlocutor para retomar la negociación con la entidad, que ha quedado bloqueada tras denunciar la plataforma burlas y trato vejatorio a sus integrantes por parte de los representantes del banco.
Al mismo tiempo, los miembros de la PAH 'empapelaron' los cristales de la oficina de TargoBank en el polígono industrial de Maó, como parte de su campaña «10 Familias, 10 Soluciones» que piensan extender a toda Menorca y a otras islas de la Comunidad.
Pasadas las diez de la mañana los miembros de la Plataforma entraron en la oficina y entregaron una carta al director solicitando el cambio de interlocutor en las negociaciones, pero fueron invitados a abandonar la sucursal. La negativa de los miembros de la PAH a dejar el banco hizo que desde la entidad se reclamara la presencia de la Policía Nacional. Los agentes se limitaron a pedirles el número de documento de identidad y de teléfono móvil pero no les expulsaron, ya que los manifestantes -muchos de ellos clientes del propio banco-, permanecían dentro de la oficina sin boicotear su funcionamiento.
«Nos engañaron»
La Plataforma como es habitual ha iniciado una intensa actividad en las redes sociales para dar a conocer su campaña para forzar al Banco Popular a negociar. También se publicita en algunos medios llamando a los clientes del Banco Popular que tienen hipotecas a que revisen sus condiciones. «Posiblemente tu escritura esté llena de cláusulas abusivas», advierten.
Acusan al Crèdit Balear de «querer dejar a diez familias en la calle, todas en riesgo de exclusión y algunas con menores a cargo». Los afectados por las hipotecas «están dispuestos a perder su vivienda pero no a quedarse además con una deuda para toda su vida», por eso reclaman la dación en pago. Todos -afirma la PAH- tienen en sus contratos cláusulas abusivas como la suelo e intereses de demora que superan lo legal; además denuncian que fueron «engañados» cuando el banco tasó sus viviendas.