El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcias, ha incoado diligencias previas y solicitado un informe a la Fiscalía sobre el retraso en la convocatoria de los concursos de méritos para la adjudicación de 51 farmacias en Balears cuya instalación ya había sido autorizada.
El auto del juez, fechado el pasado 3 de julio, se produce a raiz de la querella criminal presentada por el farmacéutico menorquín Cristóbal Pons Servera por un presunto delito de prevaricación contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, el conseller de Salud, Martí Sansaloni, y el director general de Gestión Económica y Farmacia, César Vicente, a quienes acusa de «bloquear» la apertura de los establecimiento farmacéuticos al no convocar los concursos, transcurridos en algunos casos más de cinco años desde que se autorizaron.
Pons Servera promovió los expedientes para la apertura de 33 de las 51 farmacias autorizadas, tres de las cuales están en la zona de Marratxí, en Mallorca, donde también se encuentra la farmacia propiedad del presidente José Ramón Bauzá. Los establecimientos fueron autorizados entre los años 2009 y 2011 por resoluciones de la Dirección General de Farmacia, la mayoría con el anterior gobierno del Pacte de Progrés.
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