El Govern es el impulsor del recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia firme que le obliga a convocar los concursos de méritos para adjudicar nuevas farmacias. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma recurrieron el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) que obliga al Ejecutivo a convocar los concursos de méritos para adjudicar las farmacias pendientes en el plazo fijado para los procedimientos administrativos, 6 meses, dilatando así el proceso.
Dicha sentencia de 29 de enero de 2014 reconoce el derecho de Pedro Ventayol Aguiló (farmacéutico que en 2013 litigó contra el Govern por no adjudicar oficinas ya autorizadas) a que por parte de la Administración se continúe la tramitación de apertura de las nueve farmacias que instó, y que deberían estar funcionando en la zona de Palma (8) y de Binissalem (1), en Mallorca.
Es precisamente esta sentencia la que se utiliza en parte de la argumentación de la querella criminal presentada por otro farmacéutico, Cristóbal Pons Servera, contra el presidente del Govern, el conseller de Salud y el Director General de Farmacia por un presunto delito de prevaricación y que el Juzgado número 7 de Palma ha registrado como incoación de diligencias previas a la espera de un informe de la Fiscalía.
La sentencia sobre las nueve farmacias instadas por Ventayol, recurrida solo de forma parcial, según fuentes solventes próximas al caso, señala que «la Administración no puede bloquear la finalización del procedimiento» y una vez aprobada la apertura de una oficina de farmacia «se procederá a la convocatoria del concurso de méritos».
Libertad, libre mercado,etc. Si eso queremos empecemos por liberalizar los PRECIOS y veremos quien sale ganando.O todo o nada, majetes.