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Ciutadella modificará de nuevo la ordenanza de ocupación de la vía pública

También se había reducido el coste del servicio de grúa hasta 2013. El año pasado solo se gastaron 18.580 euros, frente a los 52.216 de 2010

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El Ayuntamiento de Ciutadella volverá a iniciar un proceso para modificar de nuevo la ordenanza de ocupación de la vía pública vigente desde este verano. Lo acordó anteayer el pleno, a instancias de UPCM, y lo refrendó ayer la concejal de Gobernación, Juana Mari Pons, quien no descarta aprovechar la ocasión para introducir cambios más allá del que afecta a la polémica terraza de Ses Voltes que, como ya había adelantado el alcalde, no volverá a autorizarse. «Pero todo se hará con el debido consenso. Como la ordenanza ha sido consensuada, queremos que los cambios también».

Pons Torres negó que, contrariamente a lo denunciado por la oposición, la ordenanza se incumpla de forma sistemática. «La hacemos cumplir, porque es nuestra obligación», afirmó. Aunque la falta de policías, el aumento del turismo, el mayor cumplimiento ciudadano de la normativa y la inexistencia de un inspector específico han hecho que el número de denuncias baje.

También se había reducido el coste del servicio de grúa hasta 2013. El año pasado solo se gastaron 18.580 euros, frente a los 52.216 de 2010, sobre todo porque el equipo de gobierno ordenó restringir el número de situaciones que obligan a la Policía a retirar coches de la vía pública.

El gasto se ha multiplicado otra vez este año porque, ocho meses después, el Ayuntamiento aún no ha adjudicado el servicio. «Y no es por falta de asesores jurídicos», remarcó Joan Triay (UPCM), ya que la edil de Personal confirmó que incluso se han contratado eventualmente más juristas.

El alcalde firmará el lunes por decreto el contrato de alquiler de la nave en que, por 700 euros al mes, se custodiarán los vehículos incautados. Entonces se podrá ya adjudicar el servicio a la empresa Reciclatges Son Salomó. Se pondrá fin así al pago del servicio a precio de mercado que el municipio ha soportado durante todo el año. Juana Mari Pons atribuye a «un error de coordinación» que siempre se haya encargado la retirada a la misma empresa.

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