Los dos principales grupos políticos del Ayuntamiento de Ciutadella, PP y PSOE, se mostraron ayer partidarios de modificar el Plan Especial del Casco Antiguo para atender la demanda de la treintena de bares afectados y permitir las terrazas en los patios interiores del centro.
Los populares anunciaron sus intenciones a través de un comunicado que desdice incluso lo afirmado por su propio alcalde Ramón Sampol, quien días atrás descartó la opción de acometer una modificación puntual y remitió al nuevo Plan Especial que, precisamente, ayer puso en marcha al aprobar por decreto las bases del concurso por el que se encargará su revisión.
El PP anuncia ahora que hará «todo lo posible» por modificar la norma que prohíbe las terrazas interiores de bares y restaurantes. Y su presidente, Pedro Gener, aboga por «hallar una fórmula» que permita dar una «solución urgente» a los afectados y evitar así que tengan que cerrarlas.
«Un sinsentido»
Aún cuando el Plan Especial fue promovido y aprobado en 1999 por un gobierno del PP, el partido asume ahora que se trata de «una norma restrictiva, totalmente caduca, un sinsentido que no responde a las necesidades y demandas de la sociedad actual. Las cosas han cambiado mucho. Vivimos del turismo y, guardando el necesario equilibrio con los vecinos, deben permitirse». Pero el Ayuntamiento «no puede mirar hacia otro lado» ante las demandas vecinales ya que, en caso de hacer caso omiso a sus denuncias, «podría ser denunciado por prevaricación».
La portavoz del PSOE, Pilar Carbonero, también apoya que se modifique el Plan Especial «para favorecer una actividad que enriquece la oferta turística», pero recrimina al PP su «incongruencia por presionar ahora a los bares en el cumplimiento de una prohibición que no se ha aplicado en 15 años y, a la vez, cambie la norma para favorecer la conversión de edificios históricos en hoteles, a los que sí se está permitido poner terrazas interiores».
UPCM no definirá su postura hasta el martes. Pese a ello, Joan Triay se mostró ayer muy crítico con la «gran dejadez» de los distintos gobiernos municipales, «que no han hecho cumplir la prohibición vigente durante 15 años».