El orden del día del pleno del Ayuntamiento de Maó previsto para el jueves (19 horas) incluye de nuevo la resolución de las objeciones que el interventor realiza a determinados pagos, en virtud de la aplicación de la nuevo Ley de Administración Local o Ley Montoro.
Así se repite una situación inédita que se produjo por primera vez el mes pasado y que en aquel momento conllevó unos días de demora en al abono de las nóminas a toda la plantilla. Esto no debe ocurrir ahora al realizarse la sesión plenaria con suficiente antelación respecto al día de ingreso.
Los informes del interventor Manuel Velarte desautorizan cuatro operaciones de pago relativas a cuestiones como, por ejemplo, sanidad o educación, áreas que la nueva ley define como competencias del Govern. No obstante, podrían ser finalmente más las desaveniencias a resolver por el pleno (la operación se aprueba con el desacuerdo del funcionario), ya que se incorporarán por urgencia las que se produzcan a lo largo de la semana, como es el caso, previsiblemente, del abono de las nóminas.
El interventor entiende que la ley es vigente y se tiene que cumplir, mientras que el Ayuntamiento de Maó y el Govern interpretan que esto requiere un desarrollo normativo y reglamentario.