Llevan más de 40 años levantados, y algunas décadas abandonados. Son varios edificios construidos en los alrededores de la playa de Cala Tirant (Es Mercadal), donde en 1971 se inició un proyecto de urbanización, que se retomó en la década de los 80 y los 90, topó con la Ley de Directrices de Ordenación Territorial (DOT) y al final la Justicia sentenció que no se podía urbanizar la zona.
Cuatro décadas después el paisaje en el vial de acceso a la playa de Cala Tirant (por donde pasa el Camí de Cavalls) es desolador. Varios edificios abandonados, algunos incluso en estado ruinoso y otros que en verano son habitados por okupas. Una «mala imagen» que tanto el alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, como los partidos de la oposición y los propietarios de los inmuebles quieren cambiar.
No obstante, la solución no es fácil. Algunos propietarios de estos edificios han contactado con el Ayuntamiento para informarse si sería posible reconvertir algún inmueble (como el antiguo bar) en un punto de servicio del Camí de Cavalls. El alcalde, Francesc Ametller no lo ve «con malos ojos», siempre y cuando «se cumpla con la legalidad», y se pueda acoger al Plan Especial del Camí de Cavalls que prepara el Consell para la dotación de servicios.
Para Ametller si ello se autorizara podría tener contrapartidas en beneficio de Es Mercadal, como por ejemplo se cediera al municipio el vial de acceso a la playa y a los pequeños núcleos residenciales de Ses Savines y Cala Tirant, que es de titularidad privada. De allí que el alcalde destaque la importancia de «llegar acuerdos con los propietarios», incluso con Costas, ya que algún inmueble está en dominio público.
El alcalde tampoco descarta, para acabar con «esta mala imagen», optar por la demolición de los inmuebles, aunque es más partidario de «antes encontrar formas legales para que los propietarios los puedan poner en condiciones».
Precisamente, la Entesa ha presentado en el pleno de este miércoles una moción en este sentido, con la que pide «ante el deficiente estado» de los inmuebles y «el peligro que supone», que el Ayuntamiento «inicie el proceso de declaración de estado ruinoso», y en caso que alguno de los edificios esté situado en la zona de dominio público que se inste a Costas a demolerlos.
Por ello, también pide que los técnicos municipales realicen una inspección de los edificios abandonados y determinen en qué situación legal se encuentran estos inmuebles, cuál es la cualificación el suelo y su estado de conservación.