El sentido común dice que la falta de un informe, como el de telecomunicaciones, no puede implicar la suspensión de toda una planificación urbanística, como ha pasado con la anulación judicial del Plan General de Alaior. Lo dijo primero Marta Vidal, consellera de Ordenación del Territorio del PP y lo ha repetido el exalcalde de Alaior, el socialista Pau Morlà.
Y así también lo debe haber entendido el propio Estado, ya que en la Ley de Telecomunicaciones, aprobada este año (y que sustituye a la de 2003, con la que se ha basado la sentencia que ha tumbado el PGOU de Alaior), aclara que si falta el informe preceptivo y vinculante de telecomunicaciones expedido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (como pasó en Alaior) no se suspenderá todo el Plan General. En todo caso afectará a «la planificación territorial o urbanística en lo que se refiere al ejercicio de las competencias estatales en materia de telecomunicaciones».
Lo concreta la Ley, en su artículo 35, donde especifica los «mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Industria y las administraciones públicas para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas». En el punto número dos del citado artículo así lo refleja, tanto en el caso de que falte el informe preceptivo como si éste no ha sido favorable. En definitiva que si la actual Ley hubiera estado en vigor cuando se aprobó en 2009 el Plan General de Alaior, éste no habría quedado en suspenso por la falta de un mero informe.
Así lo ha revelado el exalcalde y concejal de Urbanismo, Pau Morlà, que además no entiende que durante la tramitación del Plan General, entre 2006 y 2009, ninguna de las administraciones que supervisó la tramitación, como la Comisión balear de Medio Ambiente o la Comisión de Urbanismo del Consell «no notara a faltar el informe de telecomunicaciones». Asimismo Morlà recuerda que, en 2005, Alaior aprobó una ordenanza municipal de telecomunicaciones, «cumpliendo así la Ley de Telecomunicaciones de 2003».
O sea que si el "sentido común" nos dice esto, se deduce que la ley promulgada en 2003 carecía a ese respecto del suficiente sentido común, y ahora a la vista de las consecuencias prácticas y reales, se ha enriquecido con mas sentido común, en ese particular aspecto. Sería interesante conocer los intríngulis de añadidos y eliminados cuando el borrador de esa ley fue estudiado en Comisión en las Cortes y llegar a saber quienes cobraban dietas por formar parte de esa comisión, Tal vez ellos deberían pagar las consecuencias de lo que ahora habrá que desembolsar como consecuencia de ese "lapsus de sentido común" tenido -colectivamente o por mayoría-, en su sesudo trabajo. Y luego se quejan del desprestigio en que caen.