Tres meses después del comienzo de las obras de ampliación de la carretera general en el tramo entre Maó y Alaior, las empresas constructoras, integradas en la UTE formada por Antonio Gomila y Dragados, reclamarán al Consell un aumento del contrato con el que se adjudicó el proyecto. Por ello, ha solicitado poder modificar al alza la cantidad de dinero con la que deberá ejecutar las obras.
El motivo es, según la UTE, diferencias halladas una vez sobre el terreno respecto al proyecto técnico, y que encarecen la ejecución. Es el caso del volumen de tierras que se debe mover, o los trabajos de traslado de los servicios eléctricos y de telefonía, drenaje, alumbrado, desvíos del tráfico y seguridad, mayores de los previstos y con costes superiores a los contemplados inicialmente.
Las empresas aún no han cuantificado el coste al que asciende su reclamación, que comunicarán la próxima semana. El gerente de la UTE, Pau Jaén, declaró ayer que «son cuestiones que hasta que no se está sobre el terreno no se pueden detectar» y que «en cierto modo, puede ser normal en un proyecto de esta envergadura».
Por su parte, el conseller de Movilidad, Luis Alejandre, afirmó ayer que la reclamación será evaluada por los servicios técnicos y jurídicos de la institución insular. Para ello, informó que «primero deberemos esperar al informe técnico del director de la obra, y luego revisarlo a cargo de los técnicos de Carreteras y los servicios jurídicos y posteriormente el Consell Executiu deberá dar su aprobación».
El conseller, no obstante, apuntó que según la Ley de Contratos del Sector Público, podrán aprobarse modificaciones del importe del contrato siempre que no superen el 10 por ciento del precio al que se adjudicó. En caso que supere esta cantidad, deberá realizarse un proyecto modificado.
Alejandre manifestó ayer que «se trata de un problema técnico» y que «soy consciente de que nuestros técnicos han ajustado el coste. Defendemos dinero público y estamos obligados en este tiempo a ser más rigurosos». Entiende que, hasta cierto punto, «es normal que se produzcan modificaciones una vez se está sobre el terreno, pero se evaluará hasta qué punto es justificada su reclamación» ante esta «versión unilateral de la UTE».
El conseller, no obstante, se mostró confiado e indicó que «estoy seguro que llegaremos a un acuerdo sin necesidad de llegar a suspender temporalmente la licitación».
El Consell adjudicó a comienzos del año pasado la ampliación de este primer tramo de la carretera general a la UTE formada por Antonio Gomila y Dragados, por un importe de 7.574.238 euros sin IVA, una cantidad que representó una rebaja del 8,3 por ciento respecto al precio inicial de licitación, 8.264.308 euros, excluido el IVA. Al concurso concurrieron un total de nueve ofertas, cuatro de ellas UTE formadas por firmas nacionales y menorquinas. La presentada por Gomila y Dragados fue la tercera propuesta más económica, pero ganó el concurso por las mejoras técnicas introducidas en el proyecto, consistentes básicamente en la reducción del tamaño de las rotondas y la habilitación de un camino de tierra, no motorizado, paralelo a la vía.