La Conselleria de Movilidad no descarta suspender la licitación de la carretera general y sacar la obra de nuevo a concurso si las diferencias económicas con las constructoras Dragados y Antonio Gomila -integrantes de la UniónTemporal de Empresas (UTE) que ejecuta el proyecto-, resultan «insalvables». A raíz de las negociaciones con la UTE por el sobrecoste que ésta reclama en los trabajos del tramo Maó-Alaior, el departamento que dirige Luis Alejandre emitió este jueves un comunicado en el que afirma que «dentro del más estricto marco legal y con la flexibilidad que la ley contempla, el Consell insular defenderá los intereses públicos».
Esa defensa incluiría la suspensión de la licitación y el inicio de una nueva, algo que tampoco resultaría tan extraordinario, señalan fuentes de la Conselleria, y que está entre las posibilidades que maneja la administración.
«Se haría un levantamiento de actas, un reconocimiento y pago de lo que se ha hecho y una nueva licitación», resumió ayer el conseller Alejandre en declaraciones a «Es Diari» . El envite lanzado por la UTE el pasado 18 de diciembre, cuando solicitó al Consell modificar el proyecto y elevar el precio de la ejecución de la obra, aún no tiene una respuesta en firme de Movilidad.
Las conversaciones siguen abiertas pero el Consell advirtió ayer que «no deja de ser extraño que la UTE presente una modificación de proyecto y suspensión temporal parcial de las obras» tan solo «tres meses después de haber iniciado el proyecto». Además, el conseller Luis Alejandre recalcó que «la mesa de contratación fue más que seria» y recordó que, aunque exista cierta flexibilidad entre los proyectos y la ejecución de las obras de carreteras sobre el terreno, «liquidamos las obras de Ferreries y de Sant Lluís con los costes exactos».
LA UTE formada por Dragados y Antonio Gomila licitó «libremente la ejecución de la obra, junto a otras ocho empresas del sector», recoge el comunicado. Se llevaron el proyecto porque presentaron «una ponderada propuesta entre mejoras técnicas, que tenían en cuenta no solo las recomendaciones de la Comisión Balear de Medio Ambiente sino también «determinadas demandas sociales». En cuanto a su oferta económica de 7.574.238 euros, Movilidad apunta que «no era ni la más barata (7.378.374 euros) ni la más cara (8.178.359 euros).
Finalmente la obra se adjudicó a Antonio Gomila y Dragados por los 7,5 millones de euros (sin IVA), una cantidad que significó una rebaja del 8,3 por ciento respecto al precio de salida de la licitación, 8.264.308.
«Ganaron porque introdujeron mejoras muy bien valoradas» afirmó ayer el conseller, al tiempo que subrayó que cualquier desajuste en los precios, en la ejecución del proyecto, debe medirse «cuando finalice la obra, pero no a los tres meses».
Por otro lado, desde el área de Movilidad quitan hierro al asunto y aseguran que discutir conceptos y precios es algo que ocurre en todas las obras; pero no todas las obras tienen tantas miradas puestas en su desarrollo.
Creo de general funcionaba mejor...........pero lo largaron