El médico Juan Abellán, responsable de la Unidad de Epidemiología del Centro Insular de Sanidad de Menorca, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Balears a tres años y tres meses de cárcel como autor de un delito continuado de descubrimiento de secretos. El tribunal considera probado que accedió sin consentimiento a los historiales clínicos de una enfermera del mismo centro sanitario, con la que había mantenido una relación sentimental que acabó de manera tormentosa, así como a los datos de salud de algunos de los familiares de su compañera.
La Sección Segunda de la Audiencia condena asimismo al médico a la suspensión de empleo público durante dos años, en su condición de funcionario de la Comunidad Autónoma, y por el mismo delito de acceso no consentido a los historiales médicos (eSIAP y HSAL), le obliga a pagar una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios. Además el tribunal le considera autor de una falta de injurias leves, que él mismo admitió durante el juicio celebrado en Maó y que se produjo a través de mensajes de texto a través de teléfono móvil, y por la que le impone una multa de diez días a razón de 10 euros diarios.
El condenado también tendrá que pagar una indemnización de 6.000 euros a la enfermera, que sufrió una crisis de ansiedad por la que causó baja laboral, entre mayo y octubre de 2011, cuando supo del acceso reiterado, por parte del médico, a su historial médico, al de su marido y su cuñada en el momento de los hechos, y también al de su hija, sin consentimiento ni conocimiento expreso de ninguno de ellos, como ha considerado probado el tribunal con su sentencia.
Por último el funcionario deberá abonar dos terceras partes de las costas del proceso judicial e indemnizar a la Comunidad Autónoma con la cantidad de 2.358,17 euros más intereses, en concepto del coste de la baja laboral de la enfermera.
De oficio
La enfermera no intervino en la incoación de la causa que ha juzgado la Audiencia Provincial, sino que fue el Ministerio Fiscal, a instancias del Govern, el que inició las investigaciones de oficio. El fiscal actuó tras recibir un escrito de la Conselleria de Salud y Consumo del Govern. La Comunidad Autónoma había abierto un expediente disciplinario al médico por los mensajes de texto injuriosos y la tensa relación del médico y la enfermera en el centro de trabajo, a raíz del cual conoció el acceso no consentido del galeno a los historiales clínicos de su compañera.