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El Consell recurre el pago de los 11 millones adicionales que ahora le reclama Cesgarden

Rechaza que deba abonar indemnización alguna «por expectativas que no se han producido»

Todos los consellers del equipo de gobierno se niegan a pagar de su propio bolsillo la multa coercitiva con que les advierte el tribunal e insisten en que ni ellos ni la institución deben pagar un solo euro de más por «un error del pasado»

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El Consell rechaza la pretensión de la promotora Cesgarden de cobrar otros 11 millones de euros por el anulado proyecto hotelero de Son Bou y mañana registrará un recurso ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears para oponerse a la providencia que le daba un plazo de 15 días -que vence el jueves- para anunciar cómo haría frente al pago de la nueva reclamación patrimonial.

La consellera Marta Vidal, quien está a la espera de la última pericial para dar luz verde al recurso de reposición, defiende que, en realidad, la institución no tiene por qué abonar euro alguno a la promotora «por expectativas que a la hora de la verdad no se han producido. Creemos que, simplemente, no procede».

Ambas partes pactaron en su día resarcir a Cesgarden mediante un acuerdo urbanístico que le permitiera construir el complejo hotelero en otra zona, pero la ruptura de aquel pacto ha llevado ahora a la compañía mallorquina a reclamar más de 11 millones por el valor del terreno rústico al que se trasladó el aprovechamiento urbanístico por el PTI, los costes de urbanización, el valor del suelo a ceder al Ayuntamiento de Alaior y el pago de los honorarios técnicos, además de los intereses pertinentes.


Un 'globo' de 40 millones

Cesgarden se ampara en el mismo valor pericial al que el Consell no opuso informe contradictorio y que ya le sirvió para elevar la indemnización hasta cerca de 29 millones de euros. En caso de cobrar estos 11 adicionales que ahora reclama, no haber podido construir el hotel de cinco estrellas que promovía en Son Bou le habrá supuesto el cobro de 40 millones de euros.

Pero ni siquiera la advertencia de que, en caso de no pagar, se impondrán multas coercitivas de 600 euros semanales a cada miembro del equip de gobiernio ha logrado variar la postura del Consell. «Negamos la mayor, no hay que pagar», insistió ayer la consellera.

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