El exsecretario del Consell y del Ayuntamiento de Ciutadella, Juan de Juan y Pi, el mismo que forzó la anulación judicial del nuevo Plan General de Alaior por un defecto de forma, se ha fijado ahora en la nueva Norma Territorial Transitoria y en el texto refundido de las Normas Subsidiarias (urbanísticas) de Sant Lluís y Es Mercadal, contra las que ha interpuesto otros tantos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
De Juan y Pi ya anunció en diciembre sus intenciones, cuando admitió que se propone invalidar el Plan Territorial de Menorca (PTI) al entender que «no se aprobó conforme a ley». Por eso, busca aleatoriamente cualquier resquicio legal en los planeamientos municipales que se han adaptado a este instrumento superior de ordenación para dejarlo sin efecto.
El año pasado, este jubilado «cabreado» ya logró que el Tribunal Supremo estimara uno de sus recursos y anulara el Plan General de Alaior por la falta de un informe «preceptivo y vinculante» en materia de telecomunicaciones.
Desde entonces, el Consell y el Ayuntamiento mantienen un estrecho contacto para evitar los efectos colaterales de la anulación para las arcas públicas.
«Estamos tratando de cubrirnos las espaldas jurídicamente ante una eventual reclamación» patrimonial, dijo ayer la consellera Marta Vidal quien, pese al empeño municipal por recurrir la resolución judicial, cree que lo más probable es que el Supremo «confirme la anulación».
De hecho, el Consell ya había optado por desistir, pero el Consistorio anunció el recurso y ambos se vieron inmersos en un proceso de casación, que aún no ha sido admitido a trámite. Mientras, a la espera de dilucidar la controversia jurídica, se aplica el Plan General de 2009, previo al definitivo que el Supremo ha anulado.
La consellera de Ordenación del Territorio dijo ayer «respetar el derecho de todo ciudadano a recurrir las decisiones y planeamientos urbanísticos que crea oportunos», incluidos los tres que ahora se ven abocados al contencioso «y que ya tramitamos con todas las garantías».
No obstante, Marta Vidal advierte del «gasto de dinero y tiempo» que suponen este tipo de recursos para la administración insular y que acaban pagando todos los ciudadanos. El Consell ya ha nombrado abogado y procuradora para que defiendan sus intereses en los tres procedimientos.