Las caceroladas de protesta se suceden a diario frente a la fachada de Can Saura, pero la suerte para quienes siguen reivindicando el uso cultural del inmueble parece ya echada.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella aprobó ayer el contrato de alquiler del histórico edificio municipal al Ministerio de Justicia para convertirlo, durante los próximos cuatro años, en sede de los juzgados Social y de instrucción de la ciudad. El acuerdo será firmado mañana viernes, tres días antes de que -el lunes 30- el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, decrete la disolución del Parlament balear y la convocatoria de elecciones para el próximo 24 de mayo.
Tras recibir el espaldarazo de su equipo de gobierno, el alcalde Ramón Sampol quiso dejar «muy claro» que el contrato «de inquilinato» que se suscribe mañana «es solo por dos años, prorrogables a cuatro» y que, por tanto, «el 26 de marzo de 2019 los juzgados deberán salir de allí».
El contrato de alquiler garantiza al Consistorio un ingreso anual de 108.000 euros, que se elevarán hasta los 432.000 una vez finalizados los cuatro años de vigencia.
En cuanto a los trabajos de adecuación previstos por el Ministerio, con un valor superior a los 200.000 euros, Sampol indicó que no condicionarán cualquier futuro uso de Can Saura «y no pueden ejecutarse si no los autoriza la propiedad (el Ayuntamiento), que es también la encargada de otorgar o no la preceptiva licencia de obras».
El primer edil se refirió asimismo a las reiteradas protestas, que estos últimos meses no han hecho variar la decisión del equipo de gobierno al respecto. «Todo el mundo tiene derecho a manifestarse si recaba, claro está, los permisos pertinentes».