La secretaria general y portavoz del PSOE en Ciutadella, Pilar Carbonero, anunció ayer que, en caso de recuperar el gobierno municipal, su partido intentará echar atrás el contrato de alquiler que el Ayuntamiento y el Ministerio de Justicia firmaron el 27 de marzo para que Can Saura sea sede provisional de los juzgados hasta 2019.
«Confiamos en que haya vías legales para rectificar», dijo Carbonero, quien aprovechó la junta de portavoces previa al pleno de este jueves para pedir al alcalde que «aún no conceda licencia al Ministerio para afrontar las obras de adecuación del edificio para así no hipotecar más el futuro mandato». En este sentido, Carbonero lamenta que el contrato de arrendamiento se haya firmado tan solo tres días antes de la convocatoria oficial de las elecciones del próximo 24 de mayo, lo que interpreta como «una falta de respeto».
«Durante largos meses, entidades y partidos políticos hemos hecho todo lo posible para lograr el futuro uso cultural de Can Saura, pero todavía no nos damos por vencidos. Dentro de un mes hay elecciones y, con un nuevo gobierno en el Ayuntamiento, todo puede cambiar», vaticinó.
Además de Carbonero, otros portavoces de los distintos grupos de la corporación se interesaron también por la información adelantada la víspera por este diario y por los pormenores del alquiler acordado con Justicia. El Ministerio ya ha enviado a Ciutadella el proyecto de reforma solicitando licencia para ejecutar en tres meses diversas mejoras cuantificadas en 198.987 euros. Una vez concluidas, abrirá Can Saura como Juzgado hasta marzo de 2019, cuando expira la vigencia del acuerdo.