El PSOE registró ayer en el Ayuntamiento de Ciutadella un recurso de reposición, previo a la interposición de un contencioso administrativo en los tribunales, en el que pide la «nulidad» del contrato de alquiler de Can Saura y la suspensión cautelar de su vigencia hasta que se resuelva el defecto de forma invocado.
La portavoz del grupo socialista, Pilar Carbonero, esgrime que, «más allá de lo insultante que resulta firmar un acuerdo de esta envergadura pocos días antes de la convocatoria de elecciones, existen motivos más que fundados para dar marcha atrás al contrato».
En concreto, arguye, falta el acuerdo preceptivo de la Junta de Gobierno «que debería haber dado inicio al expediente, así como un informe que justifique que, en lugar de convocar un concurso para alquilar el edificio, lo traspase de forma directa al Ministerio de Justicia y para este fin».
«El procedimiento ha sido irregular», lamenta la concejal del PSOE, quien advierte asimismo de la inexistencia de un informe técnico o tasación pericial que dé por bueno el precio de arrendamiento pactado entre las administraciones, 500.940 euros a lo largo de los cuatro años de alquiler.
El detallado recurso, que se ha elaborado a partir de la copia del contrato facilitada por el Ayuntamiento, incide en que «ni está justificada la adjudicación directa, ni la urgencia de la contratación, ni tampoco la necesidad de satisfacer de forma peculiar» las necesidades de espacio del Ministerio, por cuanto «la Administración del Estado no ha solicitado expresa y justificadamente la ubicación de las dependencias» judiciales en el histórico edificio municipal.
A la espera de resolver el recurso del PSOE, el Ministerio ya ha remitido al Ayuntamiento el proyecto de reforma para adecuar el interior de Can Saura a su nuevo uso. El presupuesto de las obras es de 198.987 euros y el plazo de ejecución de tres meses.