La oposición del PP en el Ayuntamiento de Maó asegura que la propuesta antidesahucios del actual gobierno municipal es un listado de buenas intenciones en el que faltan «soluciones reales» y que pasa por alto todo el trabajo realizado en el anterior mandato. De hecho, incluye también la oficina de intermediación hipotecaria, abierta en convenio con el Colegio de Abogados o la consecución de pisos del IBAVI para alquiler social y para acoger a personas afectadas por procesos judiciales de ejecuciones hipotecarias.
Desde el equipo de gobierno, que este jueves en el pleno defenderá su moción para declarar Maó ciudad contraria a los desahucios, se defiende la necesidad de «acompañar» y no solo asesorar a las personas que pueden perder sus casas, al tiempo que se tacha la oficina de intermediación de «servicio fantasma», en palabras del edil de Atención Comunitaria, Gabriel Pons, ya que «el año pasado no lo usó nadie».
La exalcaldesa y líder de la oposición popular, Águeda Reynés, cree que uno de los motivos por los que tal vez no se ha conocido lo suficiente ese servicio es porque ni siquiera la Platafaorma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lo divulga en su página web. Aunque sí recoge el cambio normativo para que se devuelva a los afectados la plusvalía pagada por inmuebles en ejecución hipotecaria y daciones en pago, con efectos retroactivos desde enero del año 2010, una reivindicación que el PP de Maó planteó en una moción el pasado mandato.
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