La presidenta de Menorca, Maite Salord, valoró ayer especialmente el acuerdo alcanzado para «reclamar a Madrid una financiación justa para las Islas, puesto que ésta es la clave para poder da respuesta a todo. La situación económica es terrible y no podemos seguir siendo de las autonomías que más dan y menos reciben del Estado». En este sentido, Salord llamó la atención sobre «la gran importancia que para Menorca tiene la solución a la problemática del transporte aéreo y el Régimen Especial para así hacer frente a la doble insularidad que padecemos».
Y aunque ni la tarifa plana universal de 30 euros en los vuelos interislas ni infraestructuras de pacto, como la residencia de enfermos en Son Espases, sean ya una realidad el próximo año, la presidenta del Consell pide que «al menos el Govern demuestre voluntad para hacerlo posible, aunque sea de forma progresiva».
Tampoco el traspaso de la promoción turística se hará efectivo en 2016, pero la presidenta confía en «el clima de cooperación y coordinación existente» para que llegue bien dotada a Menorca. «Preferimos esperar a aceptar sin más una transferencia que ahora nos llegaría sin todo el dinero».
La modificación de la Ley de Consells anunciada ayer garantiza también que reciban todas las competencias que recoge el Estatut de 2007 para erigirse así en los verdaderos órganos de gobierno de cada una de las Islas. Una buena noticia para Menorca, que ya celebra haber recuperado el convenio de financiación del transporte terrestre, que permitirá ampliar las frecuencias de bus entre los cascos urbanos de los municipios y las urbanizaciones.
Salord insistió también en la necesidad de negociar una mejora de las inversiones estatutarias. Es el caso del centro de interpretación de la Reserva en S'Enclusa que, una vez perdida la partida finalista de siete millones, aboca al Govern a interponer un contencioso contra el Gobierno central. O el Parc Bit que, a la espera de resolver el concurso (solo se ha presentado una propuesta en Alaior), precisa recabar una nueva prórroga de Madrid para garantizar que la instalación empiece a funcionar sin la premura actual, que exige finalizar las actuaciones antes de que acabe el año para no perder los 5 millones del Estado.