Los paralelismos entre la desaladora de Santa Eulària (Eivissa) y la de Ciutadella son más que evidentes. Dos instalaciones impulsadas por el entonces ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. Adjudicadas en 2005 en régimen de construcción y explotación para 15 años, con una inversión prevista de más de 40 millones de euros, a cargo de la concesionaria. Y una vez acabadas las obras, las dos desaladoras aún no se han inaugurado.
La de Eivissa lleva tres años paralizada por un sobrecoste (de 19 millones) que nadie quiere asumir. Y la de Ciutadella (cuyas obras acabaron hace cinco años) por un problema similar: no hay dinero para las obras de canalización hasta el casco urbano (3,5 millones de euros), más la oposición del Ayuntamiento de que sean los vecinos de Ciutadella los que asuman (a través de una subida de tarifas) el coste de la instalación. La solución insular a todo ello pasa todavía por una inversión mayor (de 30 millones) para canalizar toda la Isla y la desaladora pueda abastecer a gran parte de Menorca.
Ahora, la diferencia entre una y otra es que el Gobierno de Mariano Rajoy sí que reserva una partida de 19 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de 2016 para desbloquear la situación de la desaladora de Santa Eulària y en cambio vuelve a dejar a la de Ciutadella sin inversión.
Desde el Partido Popular recuerdan que en el caso de las instalaciones de Menorca la situación es todavía más compleja, ya que la empresa concesionaria Acciona ha renunciado a su gestión y ha presentado una reclamación patrimonial al Ministerio de Medio Ambiente reclamando la inversión hecha hasta el momento tanto para su construcción como los gastos de mantenimiento de estos años que ha estado paralizada, que podría rondar los 15 millones.
Por su parte, tanto PSOE como Més han presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para reclamar al Gobierno que destine dinero para las obras de canalización de la desaladora hasta el casco urbano de Ciutadella.