Queda exactamente una semana para que los alumnos inicien el nuevo curso escolar y todavía se desconoce cómo se llevará a cabo el servicio de escuela matinal. Las asocaciones de padres y madres de alumnos (apimas), que en la mayoría de casos se hacen cargo de la gestión del servicio, están empezando a renunciar por la amenaza de sanciones previstas en la Ley de Emprendedores, que penaliza las tareas de voluntariado si éstas conllevan una retribución económica. Un cálculo aproximado indica que actualmente hay unos 800 alumnos, y otras tantas familias, que hacen uso del servicio de escuela matinal y que ahora observan con preocupación la falta de soluciones.
La Apima de la escuela Verge del Carme de Maó ya ha informado a la dirección que «se ven obligados a dejar de participar en la gestión económica de la escuela matinal», explica su presidente, Miquel Gabarró. En este sentido, añade que habían asumido estas tareas para «ayudar a la escuela, liberarla de trabajo y que se pudiera centrar en mejorar la educación académica». El año pasado entre 40 y 50 familias del centro hicieron uso del servicio. El director, Ricard Pons, deja claro que la escuela matinal se tiene que ofrecer ya que es «totalmente necesario para las familias», pero lamenta la situación «a falta de pocos días para el inicio del curso» y muestra su «preocupación» ante la falta de soluciones. Explica que la ley hace que «las Apimas tengan miedo de hacer algo ilegal».
Por su parte, el presidente de la Apima de la escuela Maria Lluïsa Serra, Àlex Martín, afirma que ellos también han decidido dejar de hacerlo «para evitar problemas» y tienen claro que no van a «asumir riesgos». La directora de la escuela, Magda Llull, deja constancia de que la situación «ya debería estar solucionada» y se muestra expectante ante posibles novedades en los próximos días.
Soluciones
Con la ley en la mano, la solución pasa por contratar personal o externalizar el servicio. Para algunos, la ley desprende una clara intención de privatizar el servicio, con el riesgo de que el precio aumente provocando que la escuela matinal tan solo sea un servicio para aquellas familias que lo puedan pagar.
La semana pasada representantes de Apimas, la Fapma y directores de centros se reunieron con el delegado de Educación, Joan Marquès, a quien transmitieron su preocupación e instaron a implementar una modificación legal que permitiera que los voluntarios siguieran llevando a cabo el servicio sin incurrir en ninguna ilegalidad. Para Marquès «la solución pasa en que sea un servicio profesionalizado», por lo que el Govern está recopilando datos y analizando las diferencias económicas que conllevaría un servicio hecho con voluntarios y uno con profesionales, además de saber a cuántas familias podría afectar. Por otro lado, están valorando la capacidad que tiene la administración para ayudar a las familias que no pudieran asumir el coste.
El objetivo del Govern, sostiene Marquès, es «mantener el servicio, porque es necesario para aquellas familias que no tienen otra posibilidad con la que puedan conciliar la vida laboral con la familiar».
Los contactos son constantes y ya se está buscando fecha para una nueva reunión para encontrar una solución, que cada día que pasa es más urgente.