De los juzgados a la sede de la Biosfera, esta abogada, Cristina Gómez (Maó, 1969), se siente cómoda al frente de la Conselleria de Servicios Generales, Participación y Vivienda. Cree firmemente que los números no deben ser solo eso, sino que deben dar lugar a políticas que transformen la realidad, y asegura que va a tomar «buena nota» de lo que los ciudadanos transmitan a través de la recién creada Comissió de Greuges.
¿Qué le gusta más por ahora, las togas o los políticos?
— Me gusta la gente, me han gustado muchas togas y muchos políticos, y algunos de ambos sectores han dejado que desear. Yo creo en las personas, primero se es persona y luego abogado, funcionario, empresario o empleado.
¿Cómo ha sido este tiempo a cargo de la maquinaria del Consell?
— La asignación de consellerias fue casi inherente a nuestros perfiles profesionales. Yo encajaba con Servicios Generales, quise añadir una parte más política como Vivienda y Participación Ciudadana, esta última por convicción, porque he sido una 'participadora', y estoy muy a gusto en todo. El reparto fue como muy natural.
¿Se han limado asperezas tras la larga negociación del pacto?
— Yo no estoy de acuerdo en que fuera tan larga, creo que esa fue la percepción que pudo tener la gente, porque era todo muy mediático y se estaba esperando el resultado. No fue difícil, ni hubo suspicacias, la negociación fue compleja porque el perfil de los tres partidos es singular, pero los acuerdos programáticos fueron sencillísimos.
¿Alguna vez se le indigestó la palabra 'casta' cuando líderes de Podemos en Madrid la utilizaban para descalificar al PSOE?
— No suelo usar palabras que definan colectivos, porque puede ser injusto, me gusta ir a la persona. Pero también es cierto que mi partido llega con mucha fuerza pidiendo cambios, esa sería la forma en positivo que evitaría identificar a un colectivo. Venimos ligeros de peso y eso nos da libertad. Creo que en el pacto nos estamos influyendo todos muy positivamente, también de la experiencia ajena uno tiene que sacar provecho.
¿Qué opina del nombramiento de Francisco Fernández Terrés al frente de Serveis d'Informació Territorial de Balears?
— Me inscribí en Podemos porque creo en la renovación política de contenidos y personas. Creo que hemos podido causar una percepción muy individualizada del tema, porque este es un lugar pequeño. Los órganos de mi partido están de acuerdo en que los perfiles de cargos del sector público deben corresponderse con las exigencias de la ciudadanía de nueva política. Y también creo que si hubiera existido una interlocución previa con mi partido, esta fase actual quizás se podía haber evitado.
Siempre dijeron estar más próximo a Més ¿también en cuestiones como la de Catalunya?
— Creo que Podemos es el partido que aborda los temas territoriales con más sentido común. Yo comparto la postura de que no hay que tener miedo a que la gente vote y así conocer de verdad qué porcentaje de la población puede no estar cómodo en el actual encaje territorial. No con un referéndum en plan 'sí o no', eso es de un simplismo absoluto. No tiene que ser o comunidades autónomas o secesión unilateral de Catalunya, yo estoy por una visión federal de España, por tender puentes y trabajar en lo que nos une y no en lo que nos separa. Ahora hay dos discursos que se basan solo en las diferencias. Los problemas complejos requieren soluciones complejas.
¿Cómo se ha encontrado las cuentas del Consell?
— Tengo que decir que el traspaso de poder fue muy correcto y honesto. El PP hizo una gestión económica correcta, difícil en el contexto en el que nos movíamos, pero también creo que cuando no haces mucho es más fácil. Se ha gestionado y poco más, pero no, no hay problemas de tesorería, se paga en los plazos legales. Mi reto es que se siga gestionando correctamente y que se visualicen las políticas que queremos llevar a cabo, no olvidarnos por ejemplo de la cultura o la educación de 0 a 3 años. Con la gestión no se acaba, sino que empieza todo, tienen que aflorar las prioridades políticas, y algunas no tienen porqué suponer un dispendio.
¿Se ha cuantificado ya la ayuda del Govern para pagar a Cesgarden o refinanciado la deuda?
— La ayuda del Govern no está concretada ni calendarizada, pero existe el compromiso público de varios miembros del Govern. En cuanto a la refinanciación con los bancos, es cierto que habrá un ahorro de casi dos puntos de carga financiera, pero aún no se ha firmado, estamos esperando la autorización de Hacienda.
Su área debe elaborar un plan de emergencia social, dotado con el ahorro en recorte de estructura política ¿está en marcha?
— Se ha calculado un ahorro en organigrama de 270.000 euros anuales, en 2015 será un 50 por ciento de esa cantidad. Nos hemos reunido ya con concejales de Servicios Sociales y entidades del Tercer Sector y este año ese dinero se destinará a que los ayuntamientos recuperen, en parte y de forma proporcional, el gasto ya realizado. A partir de 2016 ya se tendrán que acordar proyectos en común, la idea es la de consorciar proyectos. También se valora si se incluirán proyectos relacionados con la acogida de refugiados.
198 ejecuciones hipotecarias en 2014 y 93 en lo que va de 2015 ¿alguna medida al respecto?
— En la reunión con ediles y entidades se estuvo de acuerdo en que el Consell debería liderar el tema de vivienda. Hay acuerdo programático para reabrir las oficinas del Ibavi, pero cambiará el formato, no solo será de gestión del parque público de vivienda, que debe conseguir llenar todos los pisos. Además visualizamos un servicio de información en temas hipotecarios y de mediación con entidades financieras.
Se estrena la Comissió de Greuges, ¿será un órgano efectivo?
— Yo espero que no sea solo un receptor de quejas, que seamos capaces de trascender de eso. Tendrán que salir indicadores de mejora de lo que es el funcionamiento de la Administración. Voy a tomar buena nota, porque lo veo desde un punto de vista positivo.
¿Qué proyectos le gustaría hacer realidad al final del mandato?
— En el ámbito balear, la elaboración de las leyes de Vivienda y la de Consultas. Y en Menorca, que los pisos del Ibavi tengan una ocupación del cien por cien e incluso que gestione pisos ya construidos, de bancos o particulares, para el alquiler social.