La pretensión del gobierno tripartito de Ciutadella de habilitar la antigua terminal portuaria como sede de los Juzgados para poder liberar Can Saura para usos culturales se complica. Pese a la «verdadera disposición al diálogo» que viene percibiendo la alcaldesa Joana Gomila, la subdirectora general de Obras y Patrimonio, Amalia Castro Rial, y la secretaria de Justicia, Aura Roldán, le urgieron este viernes en Madrid a hallar ya una solución con presteza.
Según le expusieron ambas representantes del Ministerio, ya se ha mandado un arquitecto in situ para constatar que las obras de reforma de la antigua estación marítima serían más costosas que las ya conveniadas en Can Saura. Además, el Gobierno central no está dispuesto «ni a prolongar la situación indefinidamente ni a gastar ni un euro más» de lo contemplado en el contrato de alquiler suscrito el 27 de marzo por el entonces alcalde Ramón Sampol: 130.680 euros de alquiler anual que, a la espera de una decisión, el Ayuntamiento aún no le ha cobrado; y 198.987 euros por las obras de reconversión de Can Saura en sede judicial.
«Al menos no se cierran en banda con el contrato que ya tienen firmado», arguye la alcaldesa, a quien le toca ahora flexibilizar las condiciones de la negociación antes de que, a finales de este mismo mes de septiembre, vuelva a ponerse en contacto con sus interlocutoras en el Ministerio.
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