Caritas Diocesana se plantea renunciar a la concesión demanial de la que es titular para explotar la planta de Tratamiento Integral de Voluminosos (TIV) en Maó si el Consorcio de Residuos, del que forman parte los ayuntamientos y el Consell, no vigila el cumplimiento del plan sectorial de manera que los municipios depositen los enseres viejos y otros restos voluminosos -muebles, colchones y cartonaje entre otros-, en la nave de TIV Menorca, situada junto a las instalaciones de Mestral.
TIV es «la única planta autorizada» en la Isla para tratar los voluminosos, aseguró este miércoles el secretario general de Caritas, Guillem Ferrer, ante la prensa, convocada para dar a conocer la difícil situación que atraviesa «un proyecto medioambiental y social» que surgió con apoyo de la administración también con la idea de «ayudar a alargar la vida del vertedero de Milà», explicó.
Deuda
La entidad de la Iglesia se planta y reclama además que el Consorcio de Residuos asuma con carácter retroactivo la deuda con la que carga Caritas y que sube a 1.800.000 euros, el montante de la hipoteca solicitada para construir y poner en marcha la planta, que también recibió ayuda de fondos europeos.
Afirma Guillem Ferrer que la planta se dimensionó para recibir 9.483 toneladas al año de residuos (la cantidad de voluminosos gestionada en Milà en 2007), de modo que se evitara llenar el vertedero y se lograra un objetivo social, ya que en TIV trabajan personas en riesgo de exclusión.
Pero desde que en 2011 se adjudica la red de puntos verdes o deixalleries a una empresa privada el descenso de entradas en la planta de Caritas es dramático, se registran 2.400 toneladas anuales como máximo. La situación, aseguran tanto Ferrer como el gerente de la planta, Rodrigo Carreño, se ha convertido en inviable económicamente. Y la pregunta es cómo se tratan y a dónde van a parar las 7.000 toneladas de basura restantes.
Negociación
Caritas está en conversaciones con el actual equipo de gobierno del Consell para llegar a un acuerdo. Ha solicitado también una reunión con el Consorcio de Residuos y les ha ofrecido que visiten la planta, pero aún no han tenido respuesta. Mientras tanto, se han dirigido al conseller de Presidencia del Govern y expresidente menorquín Marc Pons, para que «la Conselleria de Medio Ambiente ponga orden en el tratamiento de voluminosos en nuestra Isla y realice las inspecciones oportunas», aseguró Ferrer.
«Nos piden paciencia y confianza, pero hace ocho años que la tenemos. No es cuestión de color político, no podemos pasar otra legislatura así», declaró.
El problema de TIV Menorca es «falta de facturación», señaló el gerente Rodrigo Carreño, quien insiste en que la tasa que fija el Consorcio, que a su vez tiene la red de puntos verdes, impide que llegue la suficiente cantidad de residuos voluminosos para la viabilidad del proyecto.
Tampoco ayuda la interpretación laxa del plan sectorial en cuanto a la calificación de los residuos. «Nosotros, una mesa la consideramos un mueble no madera, y una tumbona, un mueble de plástico», señala Carreño. En la planta trabajan 10 empleados, cinco de ellos con contratos de inserción. De momento «van cobrando» aunque también ha habido despidos debido al problema económico.