El Consell insular de Menorca tarda en pagar 42 días a proveedores, el de Mallorca 46 y el de Eivissa 55 días, mientras que el Ayuntamiento de Palma duplica el plazo de demora establecido por Ley, fijado en 30 días, según ha informado este sábado la Asociación de Autónomos de Balears (ATA) citando datos del Ministerio de Hacienda.
Estos datos, relativos a la morosidad de las capitales de provincia españolas y las diputaciones, Consells insulares y de otras de las principales localidades de España, revelan que a pesar de la Ley de Morosidad, ni el Ayuntamiento de Palma ni los Consells cumplen los plazos límite.
Además, ATA ha destacado que se han incrementado «preocupantemente» los plazos de pago con sus proveedores y autónomos en el segundo cuatrimestre del año (abril 2015 - agosto 2015).
Para realizar estos informes, ATA ha utilizado para el cálculo del periodo medio de pago la fecha de emisión de facturas o entrega de mercadería hasta su pago efectivo, metodología diferente a la utilizada por el ministerio de Hacienda y AA.PP. que incluye a todo el sector empresarial independientemente de su dimensión y calcula el plazo medio desde la convalidación de la factura por parte de la administración competente hasta el pago efectivo.
La entidad ha explicado que esto da un margen de 30 días suplementarios que es el periodo que establece la Ley para la convalidación de las facturas por parte de las Administraciones.
El informe elaborado por ATA-Balears indica que en el segundo cuatrimestre del año, de abril de 2015 a agosto de 2015, el ayuntamiento de Palma de Mallorca no ha mejorado su periodo de espera a la hora de abonar las facturas pendientes con sus proveedores, aunque tampoco ha sumado un tiempo significativo.
Sin embargo, la cantidad de la deuda contraída sí se ha incrementado en el segundo cuatrimestre del año en más de 6 millones de euros, lo que asciende la deuda total del consistorio a más de 39 millones de euros.
ATA ha recordado que esta cantidad de deuda «no es sólo con autónomos sino que el Ministerio de Hacienda unifica toda la deuda sin distinción de tamaño de las empresas a las que se debe la cuantía».
En cuanto a los consells insulars, el de Menorca es el que antes paga (42 días de media) pero es sin embargo el que porcentualmente más ha incrementado en el segundo cuatrimestre del año su plazo de demora (55,3%).
Según los datos aportados por ATA, desde abril de 2015 el Consell de Menorca ha duplicado su tiempo de espera a la hora de cobrar las facturas sumando 15 días a su registro y dejando atrás el buen comportamiento que reflejaban los datos de abril, pagando conforme a la Ley de Morosidad (27 días). Además ha conseguido reducir la cuantía en casi 300.000 euros (un 12,7%, -262.946 euros)
Por su parte, el Consell Insular de Mallorca en agosto de 2015 pagaba a 46 días, una semana más tarde que en abril y representando un incremento del 18%. La cuantía se ha incrementado un 84% al sumar más de 10 millones de euros a su deuda en sólo 4 meses.
Finalmente, el Consell Insular de Eivissa paga sus facturas con los proveedores en 55,5 días, muy por encima de lo que marca la Ley de Morosidad, y 17,5 días después de lo que lo hacía en abril de 2015 (un incremento porcentual del 46,1%). La cantidad adeudada asciende a 2.201.235 euros, 747.000 menos (-25,3%) que en el primer cuatrimestre del año.
Propuesta de los autónomos
Frente a esta situación, ATA Balears ha pedido que se pongan en marcha «de forma inmediata» diversas medidas como la creación de un cuerpo de inspección o el establecimiento de un recargo del 20% inmediato para las Administraciones que no paguen en los plazos legales.
También han defendido un régimen sancionador para todas aquellas administraciones y a las empresas que incumplan de forma reiterada «y siempre y cuando responda a malas prácticas los plazos de pago con sus proveedores», y que se habilite un buzón de denuncias donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago y no hace frente a sus facturas en el tiempo que marca la Ley.
Por último, han reclamado que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal.
«No nos podemos permitir perder de nuevo el tejido empresarial que se ha mantenido y que hemos recuperado durante la crisis; hay que consolidar a los empleadores para consolidar la creación de empleo y la morosidad es su principal lacra y freno a la hora de crecer y contratar», ha señalado el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor.