Los grupos parlamentarios que apoyan al Govern -MÉS, PSIB y Podemos- han registrado una proposición de ley en el Parlament balear para modificar «puntualmente» el Régimen Especial de Balears (REB) con el fin de aprobar la tarifa máxima universal de 30 euros para volar entre las islas del archipiélago.
En un comunicado, el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, explica que la intención es sustituir el modelo actual de descuento de residente para volar entre islas por el modelo de tarifa máxima universal de 30 euros.
Una vez que la iniciativa la apruebe el Parlament -esta formaciones cuentan con la mayoría absoluta en la cámara-, se deberá debatir y votar en el Congreso de Diputados.
Si fuera aceptada en el primer debate de toma en consideración, la proposición de ley balear se tramitaría como cualquier iniciativa impulsada por los grupos políticos del Congreso.
Martí explica que establecer la tarifa máxima universal de 30 euros vía ley no sería necesario si el Gobierno del Estado la quisiera implantar como una mejora del sistema, lo que el REB actual permite.
Sin embargo, ante las «dificultades» para conseguir que el Gobierno central asuma este compromiso, los partidos de izquierda en el Parlament han decidido iniciar esta iniciativa legislativa en el Congreso, que está prevista en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
«Vale la pena recordar», subraya Martí, que en el título primero de la ley del REB de las Islas Baleares se abordan una serie de medidas relacionadas con un elemento «muy relevante» del coste de insularidad, como es el relativo al coste del transporte.
En el artículo 4 se establece que a los ciudadanos residentes de las Islas Baleares se les aplicará una reducción de las tarifas de los servicios de transporte marítimo y aéreo para los trayectos interinsulares, que en este momento es del 50 % del precio del billete, sin incluir tasas.
Para los grupos firmantes de esta propuesta este modelo aplicado al transporte aéreo, basado en la bonificación a los viajeros residentes en las islas, se viene demostrado que es un «modelo insuficiente e ineficiente» para garantizar el derecho de movilidad entre islas de los residentes de Baleares.
Además, señala el diputado menorquín, «actúa como un freno» a la reactivación económica, que tiene en el turismo un sector primordial.