La oposición del PP criticó este lunes que el equipo de gobierno de Maó alegue criterios de prudencia en el Presupuesto de 2016 para «incrementar los ingresos vía impuestos y aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos». El concejal Salvador Botella, responsable de Servicios Generales en el anterior mandato, declaró ayer que la aplicación de la 'ley Montoro' ha sido «su tabla de salvación» para generar un superávit que de cualquier modo califica de «innecesario» cuando, al mismo tiempo, se suben impuestos como el de bienes inmuebles (IBI), con el que se prevé ingresar unos 740.000 euros más que en 2015.
También señala Botella esa misma presión en las tasas y precios de servicios públicos, que se mantienen estables respecto al ejercicio anterior. Si bien es cierto que en la previsión presupuestaria se estima una reducción global de ingresos por tasas y precios del 4,10 por ciento, lo que se cobra a los ciudadanos no se actualiza en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en los últimos meses se ha cerrado en negativo. Así, recuerda Botella, la variación interanual del IPC en agosto, septiembre y octubre ha sido negativa, con descensos del 0,4, 0,9 y 0,7 respectivamente, pero esto no se refleja en las tasas y precios públicos en Maó. «Todas las ordenanzas siguen igual, si somos buenos para actualizar y aplicar las subidas del IPC también debería hacerse cuando éste baja», señaló.
Botella mostró su desacuerdo con que la subida del capítulo de personal se deba a que aflora el gasto real, como explica la izquierda. Afirma el edil popular que los reparos de Intervención obligaron a incrementar la partida destinada a este capítulo en los presupuestos de 2015, los últimos elaborados por el PP, pero que después la ley permitió usar el remanente de tesorería para efectuar el pago por lo que «había 800.000 euros más disponibles y el capítulo I de este año se lo han encontrado consolidado».
Por último, Botella anuncia que su partido realizará un análisis detallado de la lista de subvenciones, que han pasado a ser nominativas, un cambio de sistema que implicará la derogación de la ordenanza vigente y que para el PP «no es ajustado a criterios razonables» como el de libre concurrencia.