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El Govern obligará por ley a los residentes a no usar tanto el coche

Quiere reducir así el causante del 35% de las emisiones que provocan el cambio climático

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El Govern quiere obligar por ley a todos los residentes en las Islas a no usar tanto el coche en los desplazamientos particulares para así reducir el causante del 35 por ciento de las emisiones contaminantes en Balears. Esta futura ley de movilidad sostenible, anunciada ayer por el director general Joan Groizard, persigue «cambiar la dependenca del vehículo privado», muy elevada en las Islas, donde hay 800 coches por cada mil habitantes, frente a los 600 de media del conjunto del Estado.

Es solo una de las medidas efectivas adelantadas por los directores generales de Energía y Cambio Climático y Educación Ambiental de regreso de París, donde el pasado fin de semana se cerró la esperada Cumbre Mundial por el Clima. El otro gran compromiso pasa por potenciar, en consecuencia, el autoconsumo energético mediante renovables e impulsar una ley balear de cambio climático que pueda tener «objetivos vinculantes» para el año 2050.

Uno de los escollos a salvar es la postura «contradictoria» que mantiene al respecto el Gobierno central que, remarca el también director general Sebastià Sansó, «da la imagen de querer luchar contra el cambio climático pero, a la hora de la verdad, impulsa las prospecciones en el Mediterráneo y el impuesto al sol, y evita apostar claramente por las energías renovables».

Ambos directores generales se comprometen a «mejorar las masas forestales y las paraderas de posidonia, que son grandes captadoras de CO2», y promover la educación ambiental, «para que la lucha contra el cambio climático se haga presente en la vida diaria  y se impulse un consumo próximo y responsable».

2 grados más que en 1880
El objetivo mundial es limitar el calentamiento global del planeta para que no se eleve dos grados por encima de los niveles preindustriales del año 1880, algo que no se puede conseguir con las medidas actualmente en marcha. De ahí que el Govern apueste por «obligar» a cumplir la reducción de emisiones según lo que se acuerde y por revisar al alza los compromisos cada cinco años.

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