Hasta 329 alegaciones contra la subida del IBI en Maó, la mayoría de particulares pero también de una docena de sociedades y algunas entidades como la patronal PIME, fueron desestimadas ayer por el pleno del Ayuntamiento antes de que la mayoría de gobierno de PSOE y Ara Maó diera luz verde a las cuentas municipales para 2016, y con ellas al aumento del tipo impositivo de la contribución. Las alegaciones, muchas procedentes de la recogida de firmas que organizó el PP, no sirvieron para frenar el proyecto de presupuestos, aprobado con los votos de la izquierda y con populares y Ciudadanos de Menorca (CMe) en contra.
Las cuentas contemplan 37,7 millones de euros en el capítulo de ingresos y 35,2 millones en el estado de gastos, e incluyen la previsión de recaudación de 740.000 euros más respecto a 2015 por el IBI. Junto con el presupuesto el pleno aprobó también la modificación de la ordenanza que regula este impuesto para pasar el tipo del 0,55 al 0,67, pese a las críticas de la oposición de PP y Ciudadanos de Menorca (CMe), que votaron en contra del proyecto.
El PP se movilizó contra esta subida del impuesto desde que fue anunciada por el equipo de gobierno en octubre y el pasado noviembre incluso colocó una mesa informativa en el centro de Maó y recogió apoyos contra la decisión municipal de variar al alza el tipo. Entre las entidades que se adhieren a esta protesta están las de propietarios de Cala Llonga y de Sant Antoni, zonas del municipio donde el recibo es más alto. También se suman once pequeñas empresas y la patronal que las agrupa, la federación PIME. El Consistorio recuerda que el tipo se halla en los límites que establece la ley, de un máximo de 1,10 para fincas urbanas y del 0,90 para las rústicas.
Jordi Tutzó: «Lo que quieren es confundir a la ciudadanía»
El concejal de Hacienda, Jordi Tutzó (Ara Maó), ante los reproches de PP y CMe sobre el «castigo fiscal» que se aplica a los ciudadanos acusó ayer a la oposición de «querer confundir a la ciudadanía» ya que «obvian que se viene de una situación de incumplimiento de la regla de gasto y una desviación presupuestaria de 1,8 millones de euros».
Tutzó recordó que la Ley Montoro «penaliza» los ingresos vía préstamo bancario y da «prioridad absoluta» al pago de la deuda, «podemos endeudarnos más y al cerrar el ejercicio devolver más», respondió a las peticiones de PP y CMe de que acuda a la financiación de los bancos.
«No entendemos por qué sube el IBI ante un cobro dudoso que igual al final no tenemos, están usando a los ciudadanos como bancos», afirmó durante el debate el concejal de CMe, Andrés Spitzer. Y es que la controversia surge ante las dudas del Consistorio sobre si finalmente el Govern pagará las competencias impropias de servicios sociales, algo que está vinculado a la revisión del sistema de financiación por el Estado. Eso motiva la diferencia entre ingresos y gastos previstos y un superávit de 2,5 millones que -insistió Tutzó-, es presupuestario pero no de caja.
Por su parte, el edil del PP y exresponsable de Hacienda en el anterior mandato, Salvador Botella, interrogó a Tutzó y al equipo de izquierdas sobre «qué hubieran hecho entonces» cuando, al cierre de 2010, la regla de gasto se excedió en 18,4 millones de euros y lo «tuvimos que asumir en 2011»; o con «los 382 días que se tardaba en pagar a los proveedores del Ayuntamiento de Maó» frente a los 30 días legales en los que cobran en 2015.
Las reprobaciones mutuas fueron inevitables durante el debate, pese a lo cual, Botella y Tutzó estuvieron de acuerdo en el escaso margen de maniobra que le queda a la Corporación a la hora de elaborar sus cuentas. Incluso el concejal del PP afirmó que «en un 80 por ciento estamos de acuerdo con el presupuesto, salvo en lo relativo a los ingresos». Los populares reiteraron su oferta de apoyar las cuentas si la izquierda accedía a «congelar», no reducir, el tipo del IBI, pero no fue posible el acuerdo.
La izquierda desestima las alegaciones y ratifica unos ingresos de 37,7 millones con PP y CMe en contra