El gobierno tripartito del Consell se propone recuperar el conocimiento de catalán como requisito, y no solo un mérito, para acceder a un puesto de trabajo en el Consell, en línea con la proposición de ley que los partidos que sustentan al Govern tramitan ya, por la vía de urgencia, en el Parlament y cuyo objetivo es fomentar el uso del catalán en la función pública.
El giro en la política lingüística del Consell tiene su reflejo en el presupuesto para 2016, que asciende a 138.040 euros, casi 18.000 euros más que en 2015, aunque el incremento de partida económica no es tan significativo como algunos de los nuevos objetivos trazados -por ejemplo, difundir entre la población un modelo de lengua «desde la óptica de la unidad lingüística del catalán» y siguiendo los criterios de la Universitat de les Illes Balears, o abrir un programa de ayudas para fomentar la presencia del catalán en el mundo empresarial-, y sobre quién recae la responsabilidad en esta materia.
En los últimos cuatro años de gobierno del PP en el Consell, el programa de política lingüística estaba adscrito a la dirección insular de Cristóbal Marqués, mientras que ahora es la propia presidenta de la institución, Maite Salord (Més) quien se hace cargo de las acciones relacionadas con la lengua, su uso y promoción. El enfoque de las actuaciones también varía. Así, donde antes se hablaba de «promover y extender el conocimiento del catalán» entre la población ahora se señala como objetivo «impulsar acciones encaminadas a conseguir una mayor presencia del catalán en los diferentes ámbitos de la sociedad menorquina», y ahí se incluyen las empresas y la colaboración entre los departamentos del Consell en dicha tarea.
Además el equipo de gobierno formado por PSOE, Podemos y Més elaborará y aprobará un nuevo reglamento de usos lingüísticos del Consell con el fin de establecer el catalán como lengua vehicular y de trabajo de la institución «y las pautas por las que se han de regir el personal y los cargos del Consell en lo que se refiere al uso de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma».