«Inspectores e inspeccionados se han relajado». Una década después de la entrada en vigor de la primera ley antitabaco, la lucha contra el humo se ha debilitado y, por tanto, hay «mayor permisividad tanto en lo que respecta a dejar de fumar en las zonas prohibidas como en la venta de tabaco en locales no autorizados». Así de clara se postula la directora general de Salud Pública del Govern, María Ramos, quien habla de una «relajación mutua» que hay que atajar de raíz.
Esta laxitud llega cuando se cumplen diez años desde la entrada en vigor de la ley. En esa primera batalla el humo desapareció de los lugares de trabajo o los centros culturales. Cinco años después, el coto al humo se extendió a los espacios de uso colectivo o locales abiertos al público.
Ramos confirma que se reactivarán las inspecciones para poner de nuevo la alerta en el cumplimiento de la normativa. Explica, no obstante, que «no tenemos recursos suficientes para enviar inspectores solamente a vigilar el cumplimiento de la ley antitabaco». Por lo que son los responsables de seguridad alimentaria los que asumen esta tarea en sus controles en los establecimientos de restauración. «Queremos ahora que todas las inspecciones incorporen esta vigilancia, como sería el caso de la inspección en salud ambiental». Y con ello, destaca que cabe repensar la figura de este profesional para que además de la vigilancia y la fiscalización también se convierta en un agente promotor de la salud.
María Ramos argumenta que la prioridad de la Dirección General son los centros sanitarios y educativos para avanzar en que «no solo sean espacios sin humo sino también centros saludables con prácticas beneficiosas para la salud». Advierte de que «no se fuma dentro de los centros educativos pero sí en el perímetro, reforzaremos la ayuda a los fumadores para que dejen de fumar tanto en centros de salud como en hospitales».
En Balears las inspecciones han caído de las 3.870 intervenciones de 2011 a las 730 de 2014. Las sanciones, no obstante, crecen debido a esta mayor relajación, pasando de los 90 expedientes de 2011 a los 121 del año pasado.