Las viviendas que se comercializan turísticamente sin tener licencia tendrán que pagar igualmente la ecotasa. Así lo establece el proyecto de ley aprobado el viernes por el Govern. El articulado reza que el nuevo impuesto «no puede ignorar» la realidad del mercado y «si hay estancias en viviendas que materialmente son objeto de comercialización turística sin cumplir los requisitos, constituyen auténticos supuestos de sujeción al tributo».
La secretaria general de PIME, Maria García, asegura que obligar a pagar el impuesto a aquellas viviendas que están fuera del amparo de la Ley del Turismo resulta «sorprendente» y «cuesta entender», puesto que «no tienen consideración turística por la administración autonómica y local pero a efectos fiscales y recaudatorios sí se les tiene en cuenta». García defiende que aunque estas viviendas estén fuera de la ordenación turística «eso no significa que sean ilegales porque se alquilan en base a la Ley de Arrendamientos Urbanos», pero la tipología del inmueble no les permite ampararse en la normativa turística. En muchas ocasiones el propietario querría hacerlo pero no puede por estas restricciones legales.
La sujeción a la ecotasa «no nos encaja», señala la secretaria general de la patronal, y agrega que «no sabemos si significa una legalización tácita del alquiler que se hace fuera de la ley o se pretende incorporarlo próximamente». Asegura que «defendemos la regulación del alquiler turístico y pedimos que esta actividad se incluya en la ley autonómica».