Asegurarse de que cada municipio cuente con uno o dos pisos sociales, para alojar a personas en riesgo de exclusión, a la vez que se comercializa la vivienda de protección oficial y, en paralelo, se lucha contra los desahucios, es el ambicioso proyecto habitacional de la Conselleria de Servicios Generales, Participación Ciudadana y Vivienda que dirige Cristina Gómez, quien ya ve próxima la reapertura de la oficina del Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) en Menorca.
Será en este primer trimestre del año, en febrero o como mucho en marzo, y al mismo tiempo -posiblemente estén unidas-, se abrirá también una oficina antidesahucios que dispondrá de un presupuesto de 75.000 euros y contará con un asesor legal y administrativo y un trabajador social.
Gómez se reunió el pasado viernes con el director general de Vivienda del Govern para ultimar detalles sobre la reapertura de la oficina del IBAVI y está pendiente de cuestiones legales para dotar de personal a la futura oficina insular antidesahucios.
Estas dos líneas de actuación, vivienda de protección y lucha antidesahucios, se completan con una tercera que persigue acabar con la exclusión social y ayudar a las personas sin hogar. En este último apartado se incluye la red de pisos sociales en los municipios, con la creación de un fondo menorquín de vivienda, y un nuevo centro de baja exigencia que acogería a usuarios que no se adaptan al perfil de las casas de acogida. Las casas por su parte seguirán recibiendo el apoyo del Consell, asegura Gómez, que ayudará a reducir su déficit económico.
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