El Ayuntamiento de Alaior ha regularizado el uso municipal del viejo colegio de La Salle después de siete años de ocupación de las instalaciones sin disponer de convenio formalizado. El acuerdo al que ha llegado la Parroquia de Santa Eulàlia, propietaria del recinto, y el Consistorio supone el fin de las divergencias económicas que por este asunto han mantenido desde 2008 las dos partes. Fue entonces cuando el equipo de gobierno, liderado en aquel momento por Pau Morlà, decidió trasladar las dependencias de la Policía Municipal al edificio de La Salle. El Ayuntamiento recuerda que «el gobierno de izquierdas invirtió 100.000 euros para acondicionar la antigua guardería de La Salle y adaptarla a un nuevo uso como cuartelillo de la Policía Local». Además, el Consistorio abrió el patio de la escuela como aparcamiento público, así como la habilitación de un local para la agrupación de Protección Civil.
El actual Consistorio asevera que la operación se llevó a cabo sin ningún tipo de reconocimiento o de relación contractual con los legítimos propietarios del inmueble, a pesar de que «el uso debía estar condicionado a la firma de un convenio que nunca llegó a formalizarse».
El acuerdo suscrito por ambas partes incluye el pago a la Parroquia de Santa Eulàlia de 1.125 euros mensuales (más IVA), en concepto de alquiler de las dependencias que alberga el cuartelillo de la Policía, el local de Protección Civil y el uso como aparcamiento público. El contrato se extiende a un lustro y abarca desde el 1 de noviembre de 2015 hasta 31 de octubre de 2020. Además, el convenio recoge el pago de un alquiler retrospectivo de 1.000 euros al mes para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 y el 31 de octubre de 2016 y estipula asimismo, el pago de 16.000 euros a la Parroquia como compensación por el uso que el Ayuntamiento ha venido haciendo de este inmueble al margen de cualquier relación contractual en firme. El Ayuntamiento asume una nueva factura de deuda pendiente. Los populares destacan que tras «sucesivas reclamaciones» de la parroquia, el equipo de gobierno pone fin a una «irregularidad flagrante, pero condicionada por la cuantía de la inversión ejecutada en el recinto». El Ayuntamiento queda liberado de cualquier responsabilidad en relación al resto del antiguo edificio de La Salle y corresponde solo a la Parroquia autorizar o denegar otros usos de las aulas.