El pleno del Consell de Menorca debatirá este lunes una propuesta para instar al Govern balear y al Congreso de los Diputados a redactar y aprobar leyes que regule el derecho a la vivienda.
«Nos encontramos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caso y preocupantemente especulativo, por la falta de un parque público de vivienda social, y por la falta de iniciativas públicas y privadas para fomentar usos alternativos», afirma esta iniciativa del equipo de gobierno, formado por PSOE, Més y Podemos.
Las medidas que se plantean consisten en acciones de segunda oportunidad, alquiler digno, vivienda garantizada, suministros básicos y la creación de un observatorio de la vivienda.
En este pleno también se someterá a aprobación la adhesión de la institución insular a la asociación Mar Blava, cuyo objetivo consiste en la declaración del Mediterráneo español como «zona libre de prospecciones de hidrocarburos».
Otra cuestión a tratar consiste en la aprobación del reglamento de funcionamiento de la Comisión de Greuges del Consell, órgano colegiado que actuará como «defensor del pueblo"; la aprobación inicial de la Norma Territorial cautelar previa a la formulación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Menorca; y un pronunciamiento contra la privatización de AENA.
El PP, en la oposición, interpelará a la presidenta del Consell, Maite Salord, para conocer la afectación e impacto en Menorca del decreto urbanístico aprobado por el Govern balear.
El conseller Santiago Tadeo, expresidente del Consell, expondrá esta interpelación «por un decreto que dejará sin efecto la aplicación de varios artículos de la Ley Turística, la Ley del Suelo y la Ley Agraria, y en consecuencia, algunos aspectos de la Norma Territorial Transitoria de Menorca».
El Grupo Popular quiere conocer cuáles han sido las actuaciones efectuadas por el Consell insular para adaptar estas modificaciones a Menorca.
La consellera del PP Pilar Pons pedirá la elaboración de una guía de estilo y uso de las redes sociales que son responsabilidad del Consell menorquín.