La norma cautelar que impide la apertura de grandes establecimientos comerciales en la Isla hasta que no se elabore un plan director sectorial fue aprobada este jueves, por vía de urgencia, por el pleno del Consell con el voto en contra del PP y algunas reticencias de carácter formal por parte de intervención y los servicios jurídicos de la casa.
Estiman los juristas, y a ello se acoge la oposición, que la norma cautelar es una fórmula que conlleva un riesgo de carácter económico en forma de indemnizaciones a los posibles afectados. Por este motivo, los informes internos emitidos por el Consell consideran que sería óptimo contar con un informe de eventual responsabilidad patrimonial en el momento de aprobar la moratoria.
El equipo de gobierno, no obstante, ha declinado atender esta recomendación. La consellera Susana Mora explica que este informe no es preceptivo, y tampoco necesario, ya que desde el Consell, asegura, se han cerciorado de que no hay en estos momentos ningún proyecto potencialmente afectado por la norma cautelar que se esté tramitando en los ayuntamientos de la Isla.
Demorar por más tiempo la tramitación de la norma cautelar del Consell hubiera dado opción, explican desde el equipo de gobierno, a que hubieran entrado en los ayuntamientos peticiones de licencias de grandes superfícies, que entonces sí hubieran generado problemas en clave de potencial responsabilidad patrimonial.
PAH
Por otra parte, el pleno del Consell contó con la presencia de una veintena de integrantes de la PAH, que aplaudieron la aprobación de puntos y las intervenciones del equipo de gobierno, en concreto de la vicepresidenta Cristina Gómez, relacionados con el derecho a la vivienda y los desahucios.
El PP se abstuvo a la hora de reclamar a administraciones superiores una ley que regule el derecho a la vivienda, y hasta en dos ocasiones tuvo Gómez la oportunidad de explicar su actividad al respecto, así como los compromisos del Govern.